¿Cuántos partidos hacen una democracia?
por Henrik Hernandezpublicado en
Soberanía popular, intermediación, unidad estratégica y capacidad de decisión efectiva
Versión 2.2.7
Introducción
Una de las críticas más recurrentes al sistema político cubano suele formularse mediante una pregunta aparentemente sencilla: ¿puede el pueblo cubano organizar otro partido, ganar unas elecciones y sustituir al Partido Comunista de Cuba?
La pregunta resulta comprensible si se parte de la lógica característica de las democracias multipartidistas occidentales, donde distintas organizaciones compiten por representación y donde la sustitución de unas por otras constituye uno de los mecanismos principales para alcanzar el poder de gobernar. El problema comienza cuando esa arquitectura histórica concreta deja de considerarse una forma posible de organizar la representación política y se le asume como definición universal de democracia.
Aplicada directamente a Cuba, la pregunta puede contener anticipadamente su conclusión. En lugar de estudiar primero cómo funciona el sistema cubano, cómo se construyen sus candidaturas, qué papel corresponde a las comunidades, cómo operan las consultas, qué relación existe entre representantes y representados, qué funciones desempeñan las organizaciones sociales, qué lugar ocupa el Partido Comunista y dónde reside efectivamente la capacidad de decidir, se comienza cuestionando por qué Cuba no reproduce otra arquitectura institucional que no corresponde a su proceso histórico endógeno
La pregunta metodológicamente anterior debería ser distinta: ¿Porqué no se estudia su propio funcionamiento en el marco histórico cubano?
Cambiar la pregunta no significa proteger a Cuba frente a la crítica. Significa exigir que la crítica demuestre aquello que afirma. El mismo estándar debe aplicarse a los sistemas multipartidistas. Los partidos cumplen funciones de agregación, organización, orientación y representación, pero desarrollan también direcciones permanentes, burocracias internas, intereses organizativos, necesidades financieras y mecanismos disciplinarios. Desde Robert Michels hasta Katz y Mair, una extensa literatura ha estudiado la tendencia de las organizaciones políticas a autonomizarse respecto de quienes originalmente pretendían representar. Los partidos pueden desarrollar clientelas políticas y electorales a cuyos intereses terminan respondiendo en grados diversos.
El objetivo de este ensayo es metodológico y teórico: abandonar los sesgos ideológicos, políticos y económicos que convierten instituciones históricas particulares en criterios universales y evaluar los sistemas según cuánto control efectivo conserva la ciudadanía sobre la representación y sobre la capacidad de decidir.
Al seguir ese razonamiento aparece además una posibilidad distinta tanto del partido único como del multipartidismo - la democracia asamblearia apartidista. Lo que no significa prohibir organizaciones ni de negar la pluralidad, sino de separar cosas que históricamente hemos terminado considerando inseparables: asociación política, producción de ideas, nominación, representación y ejercicio del poder.
También se explora la posibilidad de un sistema partidista —sea de partido único o multipartidista— en el que la capacidad efectiva de decidir permanezca en la comunidad y no se transfiera institucionalmente a los partidos.
Pero conviene no anticipar la conclusión.
Primero debemos descubrir por qué podría ser necesaria.
I. ¿Qué estamos midiendo cuando hablamos de democracia?
1. Contar partidos no mide soberanía
El número de partidos constituye una característica institucional. No constituye por sí mismo una medida suficiente de democracia. Si establecemos previamente que democracia significa competencia entre partidos, todo sistema que carezca de ella habrá sido clasificado antes de ser estudiado. El procedimiento contrario sería igualmente incorrecto. Tampoco podríamos adoptar determinadas formas cubanas de nominación, consulta o revocación como patrón universal y considerar menos democráticos a los países que no las reproduzcan, pero sí podemos afirmar desde nuestro punto de vista que el sistema cubano es más participativo e incluyente.
Una democracia debería permitir a quienes están sometidos a decisiones colectivas intervenir de manera efectiva en la identificación de problemas, la construcción de alternativas, la obtención de información, la deliberación, la nominación de representantes, la adopción de decisiones, el control de su ejecución, la rectificación y la revocación de las funciones delegadas.
Los partidos pueden contribuir a esas capacidades. Pero los partidos no son esas capacidades.
Por ello, la pregunta decisiva no debería ser cuántas organizaciones compiten por el gobierno, sino cuánto de la capacidad colectiva de decidir permanece efectivamente en quienes integran la sociedad.
2. La democracia comienza antes de la papeleta
Cuando un ciudadano recibe una papeleta electoral, una parte considerable del proceso político ya ocurrió. Alguien decidió qué problemas adquirirían relevancia pública, construyó las alternativas, determinó qué candidaturas podían llegar hasta el elector y por último produjo buena parte de la información mediante la cual esas alternativas serían interpretadas.
La decisión final puede ser libre y, sin embargo, encontrarse precedida por una estructura que limitó el campo de posibilidades.
Esto obliga a distinguir conceptos que con frecuencia se utilizan como equivalentes. Participar significa intervenir en un proceso. Incidir significa conseguir modificarlo. Consentir significa aceptar una alternativa. Ejercer soberanía implica conservar capacidad efectiva sobre la orientación fundamental del proceso mediante el cual aquella alternativa se produce, se modifica, se ejecuta y puede posteriormente ser rectificada.
Por eso: ser convencido no significa ejercer soberanía.
Una persona puede aceptar libremente una propuesta construida por otros. Ha ejercido una capacidad política real, pero no necesariamente ha participado en la construcción del campo dentro del cual tuvo que escoger.
Elegir forma parte de la soberanía. Pero la soberanía no se reduce a elegir.
3. Representación y decisión tampoco son lo mismo
Una sociedad puede poseer representantes elegidos y conservar muy poca capacidad sobre lo que estos hacen posteriormente. También puede producir mecanismos participativos capaces de modificar una propuesta sin que la ciudadanía controle la agenda general dentro de la cual esa propuesta fue concebida.
La representación democrática tiene, por tanto, al menos dos problemas distintos.
- El primero es quién puede hablar en nombre de la comunidad.
- El segundo es quién conserva la capacidad efectiva de decidir.
Una estructura puede apropiarse de uno sin apropiarse completamente del otro, pero cuando controla simultáneamente nominación, agenda, información, mandato y ejecución comienza a aparecer algo cualitativamente distinto: la comunidad continúa siendo formalmente el origen de la legitimidad, mientras la capacidad concreta de dirección se desplaza hacia una estructura separada.
Desde la Teoría de la Plusdirección, este desplazamiento resulta central.
La pregunta democrática no puede limitarse a quién emite formalmente el voto final. Debe observar también quién controla las condiciones dentro de las cuales ese voto se produce.
II. El partido como institución histórica
4. Los partidos no crearon la democracia
Las instituciones representativas preceden históricamente al partido moderno. Durante siglos existieron parlamentos, asambleas, consejos, facciones, coaliciones aristocráticas, agrupamientos religiosos y redes de intereses sin organizaciones equivalentes a los partidos contemporáneos.
Los Whigs y Tories surgidos en Inglaterra a finales del siglo XVII constituyeron antecedentes de los partidos posteriores, pero la organización partidaria moderna —estructura nacional, ramas territoriales, programas, agentes electorales, disciplina y permanencia— se consolidó progresivamente, especialmente durante el siglo XIX.
Estados Unidos proporciona un ejemplo particularmente ilustrativo. La Constitución de 1787 no estableció un sistema de partidos ni previó siquiera el procedimiento partidista posterior de selección presidencial. El propio Senado estadounidense reconoce que los constituyentes no anticiparon su desarrollo; en pocas décadas, sin embargo, la lucha política había generado un sistema partidista estable.
El orden histórico es importante.
Primero existieron sociedad política, conflicto, deliberación y representación.
Después aparecieron organizaciones permanentes destinadas a coordinar ese conflicto, seleccionar candidatos y conquistar o conservar gobiernos.
El partido no creó la representación. Apareció dentro de ella como una tecnología histórica de intermediación.
5. El partido no solamente representa: también orienta
La consolidación de los partidos tampoco puede explicarse únicamente por la ampliación del sufragio.
La modernidad produjo una transformación profunda en los mecanismos mediante los cuales las sociedades construían legitimidad, identidad y orientación colectiva. La Ilustración y los posteriores procesos de secularización no eliminaron la religión, pero diversificaron los centros desde los cuales se producían interpretaciones globales del orden social.
Liberalismo, republicanismo, conservadurismo, nacionalismo y socialismo comenzaron a ofrecer concepciones amplias sobre individuo, propiedad, sociedad, Estado y futuro. Los partidos se convirtieron en algunos de sus principales vehículos organizativos. Su función moderna adquirió entonces dos dimensiones.
Una operativa: organizar campañas, seleccionar candidatos, agregar intereses, coordinar representantes y tratar de gobernar.
Otra ideológica: producir orientación social.
El partido contribuye a determinar qué problemas se consideran fundamentales, qué intereses se agrupan, qué soluciones parecen posibles y mediante qué categorías sus propios miembros interpretan la realidad.
El flujo ya no funciona únicamente desde la sociedad hacia el partido. También funciona desde el partido hacia la sociedad.
El intermediario (partido) comienza a producir parte de aquello que después afirma representar.
6. Intermediación transmisiva e intermediación sustitutiva
La existencia de intermediarios no constituye en sí misma un problema. Una sociedad compleja necesita representación, coordinación, especialistas, administración y niveles superiores capaces de integrar decisiones.
El problema aparece cuando la relación se invierte. Podemos denominar intermediación transmisiva a aquella en la que una estructura representa, coordina o ejecuta manteniendo la orientación importante bajo control de quienes le delegaron una función.
La intermediación sustitutiva comienza cuando el intermediario desarrolla suficiente autonomía para sustituir progresivamente la capacidad decisional de quienes debía representar. El partido puede hacerlo, pero también puede hacerlo una burocracia, una tecnocracia, una gran corporación, una organización social, un sistema informativo o un organismo de control.
Por ello, el problema no puede resolverse simplemente eliminando una institución y sustituyéndola por otra.
La cuestión fundamental es: ¿Cómo impedir que la representación y la capacidad de decidir se separen de la comunidad que las origina?
III. El ejercicio teórico: cinco partidos
7. Dos sistemas aparentemente iguales
Imaginemos dos países. Ambos poseen exactamente cinco partidos políticos. En el primero, cada partido selecciona a sus candidatos. Sus direcciones elaboran listas, escogen las personas que consideran adecuadas y presentan posteriormente esas opciones al electorado.
El ciudadano puede decidir entre ellas, existe pluralidad, competencia y alternancia posible.
Ahora imaginemos el segundo país. También existen cinco partidos. Pueden organizarse libremente, desarrollar doctrina, publicar periódicos y libros, crear centros de estudio, reunir militantes, celebrar actos, formular propuestas y tratar de convencer a toda la sociedad.
La diferencia reside en una única función: ninguno posee derecho a nominar candidatos. La nominación corresponde a las comunidades.
Los ciudadanos conocen a las personas que viven o actúan entre ellos, observan su conducta, su capacidad, responsabilidad y trayectoria, y deciden cuáles merecen ser nominadas. La comunidad puede seleccionar dos militantes del partido A, uno del C y tres ciudadanos sin afiliación.
Otra puede nominar personas pertenecientes a cuatro organizaciones diferentes. Y un determinado partido, aunque posea miles de militantes, puede terminar sin un solo candidato. No ha sido prohibido. Su doctrina continúa siendo legal. Sus militantes pueden continuar organizándose. Pueden seguir intentando convencer. Simplemente, no poseen un derecho propio sobre la representación.
Los dos países poseen cinco partidos.
Sin embargo, en el primero las organizaciones controlan la puerta de entrada a la representación.
En el segundo la controla la comunidad.
Entonces, ¿qué nos dijo realmente el número de partidos sobre el grado de democracia?
Muy poco.
8. Separar lo que parecía inseparable
El ejercicio permite separar cinco funciones que históricamente han quedado fusionadas: asociarse políticamente, producir orientación, formular propuestas, nominar representantes, ejercer poder estatal.
No existe ninguna necesidad lógica de que la misma organización controle las cinco. Una asociación puede estudiar un problema sin poseer candidatos, formular una propuesta sin recibir escaños, convencer a una mayoría sin obtener automáticamente el gobierno, desarrollar una doctrina durante generaciones sin poseer derechos institucionales superiores a los de quienes no pertenecen a ella.
Entonces aparece una pregunta decisiva: si el partido puede existir, defender ideas y organizar ciudadanos sin controlar la nominación, ¿por qué habría que concederle institucionalmente el derecho a construir la representación?
Y aparece inmediatamente una segunda: supongamos que militantes de una de esas organizaciones elaboran una excelente reforma educativa, la estudian, la explican, la defienden públicamente y consiguen convencer a gran parte de la sociedad.
La propuesta gana. ¿Qué han ganado?
9. Gana la propuesta, no sus promotores
En un sistema partidista tradicional, el éxito de un programa electoral proporciona a la organización una cantidad determinada de escaños y, si alcanza suficiente respaldo parlamentario o electoral, capacidad para formar gobierno.
En nuestro ejercicio teórico ocurre algo distinto.
Ha ganado la propuesta, sus promotores no reciben por ello cargos, no obtienen automáticamente ministerios, no reciben escaños adicionales, no adquieren soberanía sobre quienes fueron convencidos. La propia comunidad puede considerar que otras personas poseen mejores capacidades para ejecutar la decisión.
Esta separación conduce a un principio fundamental: el éxito de una idea concede apoyo a la idea. No propiedad sobre quienes fueron convencidos.
Pero tampoco todas las decisiones pueden adoptarse como medidas aisladas. Una sociedad podría aprobar separadamente reducir impuestos, aumentar servicios públicos, elevar inversiones y disminuir deuda, aunque el conjunto resultara económicamente incompatible.
Por ello, cuando las propuestas sean interdependientes deberán integrarse públicamente, mostrar recursos, costes, consecuencias y alternativas, y regresar a las comunidades para deliberación.
La formulación completa sería: gana la propuesta —o el conjunto coherente de propuestas— aprobado por la comunidad; no la organización que lo promovió.
Aquí empieza a aparecer una arquitectura diferente.
IV. Del ejercicio al apartidismo
10. Apartidismo no significa ausencia de organizaciones
El resultado de nuestro ejercicio no es una sociedad sin política. Tampoco una sociedad donde las personas tengan prohibido reunirse alrededor de una doctrina. Puede haber organizaciones comunistas, socialistas, liberales, conservadoras, cristianas, ecologistas, feministas, nacionalistas, martianas o de cualquier otra orientación compatible con los derechos fundamentales.
Pueden poseer estructuras territoriales, militantes, publicaciones, escuelas de formación, centros de investigación, memoria histórica, sostenerse dudurante generaciones, incluso seguir denominándose partidos.
El apartidismo que aquí se propone no se define por la desaparición cultural o nominal de la identidad partidaria.
Se define por una separación institucional: ninguna organización adquiere por existir o convencer derechos propios sobre candidaturas, escaños, mandatos o dirección permanente del Estado.
Lo que desaparece no es necesariamente la palabra partido. Desaparece su privilegio institucional como estructura de conquista, ocupación y reproducción del poder estatal.
Por eso el apartidismo no equivale a apoliticismo. Es una tentativa de separar organización y soberanía.
11. La pérdida de esencia institucional del partido
Una organización que conserva doctrina, militantes, publicaciones y capacidad de persuasión, pero deja de controlar candidaturas, listas, escaños, disciplina representativa y acceso automático al gobierno, continúa siendo reconocible socialmente como corriente política.
Sin embargo, pierde progresivamente aquello que ha caracterizado funcionalmente al partido moderno. No deja necesariamente de llamarse partido, pierde su esencia institucional como partido orientado a conquistar y reproducir poder estatal. Esta distinción es importante porque evita una falsa dicotomía.
No estamos proponiendo: partidos o prohibición de partidos. Estamos preguntando si resulta necesario que una asociación política sea simultáneamente propietaria de las vías institucionales de representación.
El apartidismo no destruye la pluralidad. Trata de impedir que la pluralidad se transforme en parcelación partidaria de la soberanía.
V. La prueba comparativa: Suecia, España y Francia
12. Tres democracias, tres arquitecturas
Suecia, España y Francia permiten comprobar que incluso dentro del espacio europeo occidental no existe una única arquitectura democrática.
Suecia conserva una monarquía hereditaria, pero su Constitución establece que todo poder público procede del pueblo y que el Riksdag es su principal representante. Desde 1974 el monarca carece de poder político y conserva esencialmente funciones simbólicas. Al mismo tiempo, quien quiera presentarse a las elecciones al Riksdag debe estar nominado por un partido político.
España también declara constitucionalmente que la soberanía nacional reside en el pueblo, pero define su forma política como monarquía parlamentaria. El Rey ejerce funciones constitucionalmente reguladas, mientras la fórmula legal de toma de posesión de cargos públicos incluye expresamente la obligación de desempeñarlos «con lealtad al Rey» y guardar y hacer guardar la Constitución.
Francia adopta una arquitectura republicana. Su Constitución declara que la soberanía nacional pertenece al pueblo y que ninguna sección del pueblo ni ningún individuo puede apropiarse de su ejercicio. Al referirse a los partidos utiliza una formulación especialmente interesante: estos «concurren a la expresión del sufragio». No son definidos como propietarios de la soberanía, sino como participantes en su expresión.
La comparación no pretende equiparar el poder efectivo de instituciones funcionalmente distintas. Sería incorrecto comparar una monarquía sueca desprovista de dirección política con Francia, EE. UU. o con el sistema cubano.
El objetivo es otro. Demostrar que soberanía popular y arquitectura institucional no poseen una única relación posible. Una diferencia institucional no demuestra por sí misma déficit democrático. El siguiente paso debe ser siempre preguntar cuánto poder efectivo conserva cada estructura.
VI. Cuba como problema empírico, no como anomalía previa
13. Soberanía popular y dirección política del PCC
La Constitución cubana de 2019 establece en su artículo 3 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y que de este dimana todo el poder del Estado. El artículo 5 define simultáneamente al Partido Comunista de Cuba como único, martiano, fidelista, marxista y leninista, «vanguardia organizada de la nación cubana» y fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado.
Ambos principios deben analizarse conjuntamente. No es correcto identificar automáticamente Partido, Gobierno, Estado y Asamblea Nacional como si constituyeran una única institución. Pero tampoco basta constatar su diferenciación jurídica para concluir que la posición superior atribuida al PCC carece de efectos sobre el entorno decisional.
La cuestión verdaderamente importante es: ¿cómo se articula una soberanía constitucionalmente atribuida al pueblo con una función superior de orientación política atribuida a una organización determinada?
14. Del partido de la clase obrera al partido de la nación
La evolución constitucional del PCC resulta especialmente significativa. La Constitución de 1976 definía al Partido como «vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera» y fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. La reforma constitucional de 1992 modificó esa formulación. El PCC pasó a definirse como «martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana». La Constitución de 2019 mantiene la referencia a la nación y lo caracteriza como único, martiano, fidelista, marxista y leninista.
El cambio posee importancia conceptual.
No significa que el PCC haya dejado de ser marxista-leninista. El partido leninista de vanguardia nunca se definió porque todos sus militantes tuviesen que ser obreros de origen social. Su carácter dependía también de doctrina, organización, estrategia y función política. Pero la definición de vanguardia de la nación amplía la pretensión representativa. El propio discurso institucional cubano ha descrito esa transformación como evolución desde la vanguardia de la clase obrera, aliada con campesinos y otros sectores populares, hacia el Partido de la nación cubana.
La contradicción, por tanto, no es simplemente: partido obrero frente a sociedad multiclasista.
La cuestión más profunda es: vanguardia organizada de la nación frente a nación como sujeto efectivo de su propia orientación y decisión.
15. La dimensión martiana de la unidad
La especificidad cubana tampoco puede comprenderse solamente mediante la experiencia soviética. La tradición de unidad política posee raíces anteriores.
El Partido Revolucionario Cubano de Martí no fue creado para organizar una alternancia electoral entre facciones de un Estado independiente ya constituido. Su objetivo central fue articular fuerzas diversas alrededor de la independencia y de la creación de una República.
En la experiencia revolucionaria posterior, esa concepción de unidad volvió a entrelazarse con el marxismo-leninismo. El PCC contemporáneo se presenta precisamente como martiano, fidelista, marxista y leninista. Esto no demuestra que su estructura actual constituya la única forma posible de preservar la unidad nacional, pero si ha funcionado como tal en un medio geopolítico hostil. Esto sí obliga a evitar una lectura reduccionista según la cual el PCC sería simplemente una copia cubana del PCUS. Su formación responde también a una historia nacional marcada por colonialismo, intervención extranjera, dependencia, revolución y confrontación exterior.
16. La soberanía cubana se desarrolló bajo presión
La evolución política cubana tampoco ocurrió en condiciones de seguridad estratégica ordinaria.
Estados Unidos apoyó y organizó la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y posteriormente desarrolló la Operación Mangosta, que incorporó medidas políticas, económicas, clandestinas y de sabotaje destinadas a producir la caída del Gobierno cubano. Estos hechos están reconocidos en la propia documentación oficial estadounidense.
La presión no pertenece únicamente al pasado.
El 29 de enero de 2026, la Orden Ejecutiva 14380 declaró una nueva emergencia nacional respecto del Gobierno cubano y estableció un mecanismo que permite imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministren directa o indirectamente petróleo a Cuba.
El 1 de mayo de 2026, la Orden Ejecutiva 14404 creó un nuevo programa de sanciones que autoriza medidas contra determinadas personas extranjeras vinculadas con actividades especificadas relacionadas con Cuba y amplía el riesgo sancionador para instituciones financieras extranjeras. OFAC lo explica expresamente en sus orientaciones de mayo y junio de 2026. La presión continuó ampliándose durante agosto de 2026 con nuevas designaciones estadounidenses contra entidades y funcionarios cubanos.
Esto permite precisar también la referencia al capitalismo mundial.
No resulta adecuado imaginar «el capitalismo mundial» como un actor único que se reúne y adopta una política consciente contra Cuba. Lo que existe es una estructura mundial de mercados, crédito, seguros, tecnología, logística y finanzas distribuida de manera profundamente desigual. Esa desigualdad permite a EE. UU. utilizar su centralidad económica para proyectar decisiones nacionales sobre terceros actores.
A ello se añade la influencia histórica de sectores organizados de la comunidad cubanoamericana sobre la política estadounidense hacia Cuba. La literatura académica ha estudiado particularmente el peso de la Cuban American National Foundation y de otros grupos de interés en diferentes etapas de la política estadounidense. Esto tampoco permite describir indiscriminadamente al exilio cubano como una estructura homogénea; demuestra, más precisamente, la capacidad de determinados grupos organizados para influir sobre la política hacia la isla.
17. La paradoja de la soberanía bajo presión
Estas condiciones ayudan a comprender por qué la unidad adquirió un valor extraordinario en la experiencia política cubana. Un Estado que enfrenta intentos exteriores de desestabilización puede considerar la fragmentación del centro decisional como una vulnerabilidad. La información sensible tiende a concentrarse, aumenta la disciplina, se prioriza capacidad de respuesta. La unidad se convierte también en recurso de supervivencia nacional. Sería simplista explicar toda centralización cubana exclusivamente mediante el deseo de una burocracia de conservar poder.
Aquí aparece una paradoja de la soberanía bajo presión: para preservar la capacidad de la nación de decidir frente al exterior puede concentrarse internamente la capacidad de decidir; pero cuanto más permanente se vuelve esa concentración, mayor es el riesgo de preservar soberanía nacional manteniendo incompletamente desarrollada la soberanía popular.
La presión exterior puede explicar determinados grados de centralización, no convierte toda centralización en necesaria, cada concentración debería poder responder a: qué competencia necesita centralizarse, por qué resulta necesario hacerlo, durante cuánto tiempo, bajo qué controles y mediante qué mecanismo puede ser devuelta. La persistencia de la presión exterior reduce considerablemente el margen para responder a tales interrogantes y dificulta la transferencia de determinadas capacidades decisionales
La alternativa, por tanto, no debería formularse como unidad o democracia.
El horizonte sería transformar: unidad dirigida en unidad conscientemente construida.
18. El sistema cubano real: participación sin idealización
El análisis tampoco puede detenerse en la Constitución. La consulta constitucional de 2018 registró oficialmente 133.681 reuniones y cientos de miles de propuestas. El proceso modificó posteriormente una proporción importante del proyecto inicial.
La consulta del Código de las Familias produjo igualmente numerosas modificaciones antes del referendo.
Estos datos demuestran incidencia y, con ella, un grado efectivo de participación soberana que quizás esté ausente o sea más limitado en otros sistemas. Entre la opinión ciudadana y el texto final existen estructuras encargadas de procesamiento, síntesis, redacción y decisión. Por eso sigue siendo necesario preguntar quién fija la agenda, quién construye el proyecto inicial, quién procesa las modificaciones y qué capacidad conserva posteriormente la ciudadanía para controlar la aplicación.
Algo semejante ocurre con las elecciones nacionales de 2023.
La fase final presentó 470 candidatos para 470 escaños, lo que significa que no existió competencia entre varios candidatos por cada puesto. Pero tampoco resulta exacto presentar todo el procedimiento como una selección central y única de 470 personas.
De los 470 candidatos, 221 eran delegados de base, 135 procedían del nivel provincial y 114 del nacional. Las organizaciones de masas y estudiantiles formularon más de 19.000 propuestas que fueron procesadas hasta llegar a 4.760 precandidatos; las candidaturas pasaron posteriormente por las Asambleas Municipales y cada propuesta necesitaba más del 50 % de sus votos para integrar la lista electoral.
En los municipios Carlos Manuel de Céspedes y Vertientes, las propuestas tuvieron que ser modificadas porque los delegados municipales no aceptaron inicialmente determinados proyectos de candidatura. Estos mecanismos muestran que el sistema posee formas reales de participación y filtrado institucional. La cuestión pendiente sigue siendo cuánto control posee cada instancia sobre el proceso completo.
También aquí debemos distinguir: representación social, pluralidad política y capacidad decisional efectiva.
No son lo mismo.
VII. ¿Cómo funcionaría la soberanía comunitaria?
19. La comunidad no es solamente territorio
Si la representación deja de pertenecer a los partidos, debemos definir a quién pertenece. La respuesta «a la comunidad» resulta insuficiente mientras no precisemos qué significa comunidad. Una persona participa simultáneamente en varias esferas sociales y es afectada por decisiones de alcance diferente.
Conviene distinguir al menos tres ámbitos.
La comunidad territorial agrupa a quienes habitan un espacio y comparten servicios, infraestructura, medio ambiente y consecuencias locales.
La comunidad productiva comprende a quienes participan directamente en una unidad de producción o servicio y son afectados por decisiones relativas a trabajo, gestión, organización productiva e inversión.
La comunidad política general comprende a todos los ciudadanos en las decisiones cuyos efectos pertenecen necesariamente al conjunto: derechos fundamentales, defensa, moneda, política exterior, grandes infraestructuras, recursos estratégicos y redistribución general.
Una persona puede participar en varias comunidades sin adquirir por ello varios votos sobre la misma competencia.
Los jubilados, desempleados, cuidadores no remunerados o trabajadores informales conservan íntegramente sus derechos políticos; la ciudadanía no depende de poseer empleo.
La comunidad deja así de ser simplemente un lugar. Se convierte en una relación entre personas, competencia y consecuencias.
20. Cuando las comunidades tienen intereses distintos
La comunidad productiva puede querer reinvertir una proporción alta del excedente. La territorial puede exigir recursos por utilización de infraestructura o daño ambiental. La comunidad política general puede necesitar redistribuir parte de ese excedente hacia territorios menos favorecidos, servicios universales o inversiones estratégicas. Ninguna puede reclamar soberanía exclusiva sobre todas esas dimensiones.
El principio de proximidad debe combinarse con el alcance de las consecuencias.
La comunidad productiva debería poseer capacidad sobre organización del trabajo, gestión e inversión directamente relacionada con su reproducción productiva.
La comunidad territorial debe intervenir cuando existan consecuencias sobre suelo, agua, infraestructura, contaminación, vivienda o servicios compartidos.
La comunidad política general adquiere competencia cuando la decisión afecta derechos universales, recursos estratégicos, redistribución o intereses nacionales. No es necesario fijar aquí porcentajes universales para distribuir el excedente.
Sí puede establecerse el principio de que ninguna instancia —empresa, territorio o Estado central— debería determinar unilateralmente toda su distribución. Cuando exista colisión entre competencias, la solución no debe consistir en crear una autoridad superior permanente que termine apropiándose de la decisión. Los mecanismos de arbitraje deberían poseer mandato limitado al conflicto concreto, composición plural, transparencia, rotación, posibilidad de impugnación y ausencia de competencias ejecutivas generales.
Coordinar una decisión no debe producir propiedad sobre las decisiones futuras.
21. El delegado, el experto y la mayoría
Una sociedad compleja necesita representantes. El delegado debe disponer de autonomía operacional para negociar, coordinar y resolver circunstancias no previstas. Pero autonomía operacional no equivale a soberanía.
La comunidad fija orientación y límites. El representante ejecuta y coordina dentro de ellos. Cuando la realidad obligue a modificar sustancialmente el mandato, debe regresar a quienes lo otorgaron o activar mecanismos adecuados de consulta.
La relación puede resumirse así:
La comunidad decidió; mi función es representar, coordinar y ejecutar.
Algo semejante ocurre con los especialistas.
No se vota si un puente resistirá una carga ni si un medicamento produce determinado efecto.
El experto necesita autonomía epistemológica.
Pero determinar los hechos no significa adquirir soberanía sobre los fines.
El especialista establece posibilidades, riesgos y consecuencias.
La comunidad decide prioridades y distribución de costes.
También aquí puede aparecer Plusdirección, porque quien controla datos y modelos puede condicionar las alternativas consideradas posibles. Por eso el conocimiento experto requiere transparencia metodológica y posibilidad de contraste independiente.
Finalmente, la mayoría tampoco es propietaria de la soberanía.
Una mayoría ejerce legítimamente una facultad soberana cuando decide, pero no puede eliminar las condiciones que permiten a la minoría intentar convertirse mañana en mayoría.
La propuesta derrotada puede volver a formularse. Quien pierde una votación no pierde ciudadanía.
Sin libertad de expresión, asociación, información e impugnación, la soberanía comunitaria puede convertirse en dominación comunitaria.
VIII. Transferir soberanía sin crear nuevos propietarios
22. La transferencia debe poder comprobarse
Existe un problema inevitable cuando una estructura dirigente afirma que transferirá progresivamente poder a la sociedad. Puede declarar indefinidamente que «todavía no existen condiciones», pero la transferencia no puede medirse por intenciones.
Debe producir indicadores observables.
Entre ellos: el grado real de nominación comunitaria, la iniciativa política originada desde abajo, la capacidad de modificar agendas, el acceso a información contradictoria, la posibilidad de discrepar públicamente de orientaciones superiores, la capacidad de controlar y revocar delegados, la participación efectiva en presupuestos y excedentes y la reducción comprobable de competencias reservadas a estructuras dirigentes separadas.
Aparece entonces un principio fundamental: ninguna estructura cuya posición dependa de conservar una competencia debe poseer en exclusiva la facultad de determinar cuándo esa competencia puede ser transferida.
La transferencia debe ser verificable por quienes reciben capacidad decisional, no solamente por quienes la ceden.
Pero incluso los mecanismos encargados de verificar pueden convertirse en nuevos centros de metadirección.
Por eso auditorías, órganos ciudadanos o instancias independientes deben encontrarse también sometidos a mandato temporal, rotación, pluralidad, metodología pública, impugnación y ausencia de poderes ejecutivos permanentes.
El controlador tampoco puede convertirse en propietario del control.
23. El PCC y la posible desfuncionalización de la vanguardia
Aplicado al caso cubano, este razonamiento permite evitar una falsa alternativa: conservar indefinidamente la forma actual del PCC o destruir el PCC.
Existe otra posibilidad teórica.
El Partido podría conservar doctrina, identidad, militantes, memoria histórica, publicaciones, centros de estudio y capacidad para formular propuestas mientras pierde progresivamente el privilegio institucional de transformar esas capacidades en dirección superior del Estado.
Desde su propia definición como vanguardia de la nación, podría formularse incluso una paradoja dialéctica: el éxito histórico de una vanguardia podría medirse por el grado en que la sociedad deja de necesitar su privilegio institucional para producir orientación y decisión, esto no significaría necesariamente que el PCC dejase de llamarse partido. Significaría que habría perdido progresivamente su esencia institucional como estructura separada y privilegiada de dirección.
Y la misma regla tendría que aplicarse a cualquier organización posterior. El objetivo no sería sustituir el privilegio de un partido por privilegios repartidos entre varios. Sería impedir que cualquier organización convirtiera su capacidad de persuasión en propiedad institucional sobre la soberanía.
IX. La política encuentra a la economía
24. Burocracia administrativa y burguesía funcional
Toda sociedad compleja necesita administración. Dirigir un hospital, una red eléctrica o una empresa pública no convierte automáticamente a alguien en integrante de una clase dominante.
Por ello, la categoría burguesía funcional necesita un umbral analítico. Aquí se propone utilizarla solamente cuando una capa diferenciada reúne de manera relativamente estable cuatro condiciones: control significativo sobre recursos y excedente, capacidad para seleccionar y reproducir sus propios cuadros, autonomía sustancial respecto de productores y comunidades e interés estructural en conservar esa separación decisional porque su posición depende de ella.
Cuando estas condiciones se estabilizan, la administración deja de ser solamente función. Puede convertirse en posición social reproducible. Esto permite estudiar las contradicciones de las experiencias denominadas de socialismo real sin reducirlas a acusaciones morales.
No necesitamos afirmar simplemente que una burocracia «traicionó» una revolución. Podemos preguntar qué estructuras favorecieron que una capa especializada en dirigir desarrollara un interés propio en continuar dirigiendo.
25. La propiedad estatal no demuestra socialización del poder
Esta cuestión conduce directamente al problema del modo de producción. La existencia de un partido dirigente no demuestra por sí sola que una sociedad continúe siendo capitalista. Tampoco la propiedad estatal demuestra por sí sola que el poder económico haya sido socializado. El debate sobre la naturaleza económica de la Unión Soviética produjo interpretaciones profundamente diferentes: «nueva clase», capitalismo de Estado, colectivismo burocrático, sociedad socialista deformada y otras.
Este ensayo no necesita resolver esa controversia. Le basta con formular una pregunta anterior:
¿Quién decide sobre aquello que jurídicamente pertenece a todos?
Si los productores no poseen capacidad efectiva sobre producción, inversión, excedente y reproducción material, la transformación jurídica de la propiedad puede dejar incompleta la transformación de la capacidad decisional. Desde esta perspectiva, una burocracia puede adquirir funciones semejantes a las de una clase dominante sin que cada uno de sus integrantes posea jurídicamente una fábrica. El dato discriminante no es solamente quién aparece como propietario. Es quién controla la metadirección de la reproducción social.
26. La contradicción del socialismo real
Aquí aparece la conexión con el partido. Los sistemas declarados socialistas conservaron estructuras partidarias destinadas a producir orientación política y seleccionar cuadros. Eso no demuestra automáticamente continuidad capitalista. Pero adquiere otra significación cuando coincide con una separación estable entre productores y control efectivo de la producción y el excedente.
El problema puede formularse de esta manera: si el objetivo socialista consistía en desarrollar progresivamente la capacidad consciente de los productores para dirigir su propia reproducción social, una estructura separada de dirección debería tender históricamente a volverse menos necesaria.
Pero, una vez consolidada, esa estructura puede desarrollar intereses vinculados con su propia reproducción. Entonces ceder capacidad decisional puede significar también ceder la base material e institucional de su posición.
La burocracia puede haber surgido de necesidades reales.
Planificación.
Escasez de cuadros.
Defensa.
Reconstrucción.
Coordinación de gran escala.
Pero la causa histórica de su aparición no tiene por qué explicar indefinidamente su reproducción posterior.
En términos de Plusdirección: una capa especializada en dirigir puede llegar a depender, para reproducirse como capa diferenciada, de que la sociedad no recupere plenamente la capacidad de dirigirse a sí misma.
27. Desfuncionalizar el partido no basta
Eliminar el privilegio institucional de los partidos debilitaría una forma histórica de reproducción del poder separado. Pero la Plusdirección puede reaparecer, en ministerios, en grandes empresas, en organismos técnicos, en fuerzas de seguridad, en medios de información, en organizaciones sociales o en órganos encargados de coordinar comunidades.
Por ello, el criterio no puede ser nominal. No importa solamente cómo se llama la institución. Importa qué controla. Una sociedad apartidista podría continuar siendo profundamente jerárquica. Por eso la soberanía debe extenderse también a la economía.
Podemos distinguir, sin separarlas, dos dimensiones.
1) La soberanía política comprende normas, representación, prioridades públicas y dirección colectiva.
2) La soberanía económica comprende trabajo, producción, inversión, utilización del excedente y reproducción material.
Una transformación política sin transformación económica puede conservar Plusdirección.
Una transformación jurídica de la propiedad sin democratización política puede conservarla igualmente.
Transferir capacidad decisional hacia comunidades territoriales, productivas y políticas generales constituye, por tanto, una condición necesaria para avanzar hacia una forma superior de organización social.
No constituye una garantía automática.
Conclusiones
La pregunta que da título a este ensayo parece cuantitativa: ¿cuántos partidos hacen una democracia? El recorrido realizado demuestra que está mal formulada.
Los partidos son instituciones históricas. Surgieron para coordinar representantes, agregar intereses, movilizar electorados, seleccionar candidatos, conquistar gobiernos y producir orientación social.
Su importancia histórica no los convierte en componentes naturales ni eternos de la democracia. Un país puede poseer cinco partidos y entregar a sus direcciones el control sobre la construcción de candidaturas. Otro puede poseer el mismo número de partidos y reservar la nominación a las comunidades. Formalmente ambos son multipartidistas. Pero distribuyen de manera radicalmente distinta la capacidad de construir representación.
Nuestro ejercicio teórico permite entonces separar funciones que el partido moderno ha terminado concentrando: organizarse, producir orientación, formular propuestas, nominar representantes y acceder al poder.
Una organización puede realizar las tres primeras sin poseer las dos últimas. Puede existir, convencer e incluso conseguir que una propuesta obtenga respaldo mayoritario. Pero ser convencido no significa ejercer soberanía, y convencer tampoco concede soberanía sobre quien fue convencido.
De ahí surge el principio central del apartidismo desarrollado en este ensayo: Gana la propuesta —o el conjunto coherente de propuestas—, no la organización que la promovió.
El apartidismo no significa prohibición de organizaciones políticas. Una corriente puede conservar nombre, doctrina, militantes, publicaciones y actividad pública. Lo que pierde es el derecho institucional a convertir esas capacidades en propiedad sobre candidaturas, escaños, mandatos o gobierno.
Puede incluso continuar llamándose partido. Pero pierde progresivamente su esencia institucional como partido de conquista y reproducción del poder estatal. Suecia, España y Francia demuestran además que la democracia occidental tampoco posee una única arquitectura. La soberanía popular puede coexistir con una monarquía simbólica, una monarquía parlamentaria o una República donde los partidos concurren constitucionalmente a la expresión del sufragio. La diferencia institucional no constituye por sí misma un déficit.
Por ello, Cuba tampoco debe ser absuelta ni condenada anticipadamente por no reproducir la arquitectura multipartidista predominante.
Debe estudiarse. Su Constitución contiene una tensión real: declara que la soberanía reside en el pueblo y atribuye al PCC una función dirigente superior. Pero las democracias de corte occidental poseen una tensión similar, aunque no declarada y compartida a través de la llamada alternancia en el poder.
Pero la propia evolución constitucional del Partido introduce una particularidad importante. En 1976 fue definido como vanguardia marxista-leninista de la clase obrera; desde 1992 pasó a ser vanguardia organizada de la nación cubana, manteniendo posteriormente su identidad marxista-leninista y añadiendo explícitamente las dimensiones martiana y fidelista.
La pregunta deja entonces de ser simplemente qué clase representa el PCC. Se transforma en otra: ¿puede una organización que pretende expresar políticamente a toda la nación conservar indefinidamente una posición superior de dirección sin limitar el desarrollo de la capacidad de esa misma nación para orientarse y decidir?
La respuesta tampoco puede separarse de la historia exterior cubana. Cuba desarrolló sus instituciones bajo invasión, operaciones clandestinas, sanciones y una presión estadounidense que sigue proyectándose en 2026 sobre terceros actores económicos y financieros. Esa situación ayuda a explicar el valor estratégico concedido a la unidad.
Aparece así la paradoja de la soberanía bajo presión: para defender la soberanía nacional frente al exterior puede concentrarse internamente la capacidad de decidir; pero esa concentración puede terminar limitando la soberanía popular que pretendía proteger.
El horizonte no tendría por qué ser sustituir unidad por fragmentación, podría consistir en avanzar desde unidad dirigida hacia unidad conscientemente construida. Esto modifica también la manera de pensar una evolución futura del PCC. Si una vanguardia cumple la función histórica de elevar la capacidad política de la sociedad, su éxito más profundo podría medirse precisamente por el grado en que esa sociedad deje de necesitar su privilegio institucional.
La transferencia, sin embargo, no puede quedar como promesa.
Debe ser verificable. Nominación comunitaria, iniciativa desde abajo, modificación de agendas, acceso plural a información, revocabilidad, participación sobre presupuestos y excedentes y disminución comprobable de facultades dirigentes separadas constituyen posibles indicadores. Y ningún actor cuya posición dependa de conservar una competencia debería decidir en exclusiva cuándo está preparado para cederla.
La transferencia debe ser verificable por quienes reciben soberanía, no solamente por quienes la ceden.
La comunidad tampoco es una abstracción homogénea. Existen comunidades territoriales, productivas y una comunidad política general. Sus competencias pueden entrar en conflicto y deben articularse según el alcance de las consecuencias de cada decisión, sin permitir que el órgano encargado de coordinarlas se convierta en nuevo propietario permanente de la metadirección.
El representante recibe una función. El experto aporta conocimiento. La mayoría adopta decisiones. El controlador fiscaliza e informa. Ninguno recibe por ello soberanía permanente. Finalmente, el problema político desemboca inevitablemente en el económico.
La propiedad estatal no demuestra por sí sola socialización del poder.
Cuando una burocracia controla establemente recursos y excedente, reproduce sus propios cuadros, adquiere autonomía respecto de productores y comunidades y desarrolla un interés material en conservar esa separación, puede comenzar a funcionar como lo que aquí denominamos burguesía funcional.
Por ello, transferir soberanía política sin alcanzar trabajo, producción, inversión y excedente dejaría incompleta la transformación.
La hipótesis desarrollada en este ensayo no promete eliminar los conflictos humanos, la necesidad de administración, la especialización técnica ni los problemas de escala. Propone algo más limitado y, al mismo tiempo, más radical.
No pregunta: ¿qué organización debe poseer el poder?
Pregunta: ¿Qué arquitectura hace más difícil que alguna organización pueda apropiárselo?
La respuesta a la pregunta inicial no es uno.
Ni dos.
Ni cinco.
Ni siquiera cero.
La cantidad de partidos pertenece a un nivel secundario del análisis.
El criterio fundamental es otro: la democracia consiste en impedir que la representación y la capacidad de decidir se separen de la comunidad que las origina.
Por eso la democracia no debería organizarse fundamentalmente alrededor de quién conquista el poder.
Debería organizarse alrededor de cómo la sociedad evita perderlo.
Y finalmente queda una pregunta capaz de aplicarse por igual a partido único, multipartidismo, República, monarquía o apartidismo: ¿Quién controla las condiciones dentro de las cuales la sociedad decide?
O, en su formulación más sencilla: ¿Quién decide realmente?
En todos los modelos electorales representativos, el pueblo no ejerce directamente la totalidad de su soberanía, sino que delega funciones y capacidades decisionales. El problema democrático comienza cuando esa delegación deja de ser una función revocable y se transforma en apropiación estable de la capacidad de decidir.
Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que da título a este ensayo —¿Cuántos partidos hacen una democracia?—, la respuesta es: ninguno. Ningún partido, ni ningún número de partidos.
Los partidos pueden formar parte de una democracia, pero no son ellos quienes la hacen ni son condición necesaria para su existencia. La democracia es la soberanía que el pueblo consigue hacer efectiva y conservar.
Y esta conclusión conduce inevitablemente a otra pregunta: ¿existe realmente la democracia?
Glosario de términos clave:
Apartidismo institucional:
Arquitectura política en la que ninguna organización posee por su condición partidaria derechos propios sobre candidaturas, escaños, mandatos o dirección estatal. No implica prohibición de asociaciones políticas.
Burguesía funcional:
Categoría analítica propuesta para describir una capa que, sin necesitar propiedad privada individual sobre los medios de producción, controla establemente recursos y excedente, reproduce sus propios cuadros, adquiere autonomía significativa respecto de productores y comunidades y desarrolla interés estructural en conservar esa separación decisional.
Capacidad decisional efectiva:
Posibilidad real de intervenir en la construcción, adopción, ejecución, corrección y revocación de decisiones colectivas.
Comunidad política general:
Conjunto de ciudadanos afectados por decisiones cuyos efectos pertenecen necesariamente al conjunto de la sociedad.
Comunidad productiva:
Conjunto de personas directamente vinculadas a una unidad de producción o servicio y afectadas por sus decisiones laborales, productivas y económicas.
Comunidad territorial:
Conjunto de personas vinculadas por residencia y por consecuencias compartidas relativas a infraestructura, servicios, convivencia y medio ambiente.
Consentimiento:
Aceptación libre de una propuesta o decisión. Constituye una facultad política, pero no equivale por sí misma al ejercicio pleno de soberanía.
Desfuncionalización partidaria:
Pérdida progresiva de las funciones mediante las cuales una organización transforma apoyo político en control institucional sobre nominaciones, escaños, disciplina representativa o gobierno.
Incidencia:
Capacidad comprobable de una intervención ciudadana para producir modificaciones dentro de un proceso decisional.
Intermediación sustitutiva:
Situación en la que una estructura creada para representar o coordinar adquiere autonomía suficiente para sustituir progresivamente la capacidad decisional de quienes debía representar.
Intermediación transmisiva:
Relación en la que un intermediario representa, coordina o ejecuta mientras la orientación fundamental permanece bajo control de quienes delegaron la función.
Metadirección:
Capacidad para configurar agendas, información, alternativas, límites y procedimientos dentro de los cuales otros adoptan decisiones.
Partido de la nación:
Formulación desarrollada en Cuba desde la reforma constitucional de 1992 y en el discurso político posterior, mediante la cual el PCC se presenta como vanguardia organizada de la nación cubana, y no exclusivamente de una clase social.
Pluralidad política:
Existencia efectiva de diferentes ideas, intereses, interpretaciones y propuestas. No exige necesariamente pluralidad partidaria.
Plusdirección:
Apropiación asimétrica de capacidad colectiva de dirección por estructuras que adquieren poder sobre quienes producen esa capacidad.
Representación descriptiva:
Presencia de diferentes territorios, profesiones, generaciones, géneros o sectores sociales en un órgano representativo. No equivale automáticamente a pluralidad política ni a soberanía efectiva.
Revocabilidad:
Capacidad efectiva para retirar una función delegada cuando quien la ejerce pierde la confianza de quienes la otorgaron o se aparta sustancialmente del mandato.
Soberanía económica:
Capacidad efectiva para intervenir en organización del trabajo, producción, inversión, excedente y reproducción material.
Soberanía nacional:
Capacidad de una comunidad política para determinar sus asuntos fundamentales frente a actores externos.
Soberanía política:
Capacidad efectiva para intervenir en normas, representación, prioridades públicas y dirección colectiva.
Soberanía popular efectiva:
Capacidad comprobable de ciudadanos y comunidades para construir alternativas, nominar, decidir, controlar la ejecución, rectificar y revocar.
Soberanía bajo presión:
Situación en la que amenazas externas favorecen la concentración interna de capacidad decisional para defender la soberanía nacional, generando una tensión potencial con el desarrollo de soberanía popular y comunitaria.
Fuentes consultadas y recomendadas:
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Sobre el Autor
Henrik Hernandez es investigador independiente, editor y fundador de Tocororo Cubano. Sus líneas de trabajo abarcan la teoría de la Plusdirección, la resiliencia nacional, la soberanía económica, la geopolítica y el análisis de sistemas complejos. Ha desarrollado un enfoque interdisciplinario orientado a comprender las transformaciones del poder en el siglo XXI y su aplicación a los desafíos contemporáneos de Cuba.
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