Desmontando mitos: errores internos, decisiones condicionadas y responsabilidad del Gobierno cubano
por Henrik Hernandezpublicado en
Introducción
En buena parte de las críticas dirigidas contra Cuba y contra su dirección política y administrativa se repite una explicación aparentemente sencilla: la crisis actual sería consecuencia fundamental de errores internos, burocracia, baja productividad, mala planificación, decisiones equivocadas o incapacidad gubernamental.
En el extremo contrario aparece otra explicación igualmente insuficiente: atribuir prácticamente todos los problemas internos al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
Ambas interpretaciones comparten un defecto: separan artificialmente factores que en la realidad interactúan, se acumulan y pueden reforzarse mutuamente.
Reconocer errores del Gobierno cubano no obliga a considerar cada resultado negativo como consecuencia de una decisión equivocada. Y demostrar los efectos del bloqueo tampoco exime al Gobierno de responder por aquellas decisiones sobre las que disponía de alternativas reales.
Por eso, la pregunta central no debería formularse en términos de escoger entre Washington o La Habana como causa única.
La cuestión verdaderamente útil es otra: ¿qué alternativas reales existían cuando se tomó una decisión, cuáles fueron descartadas, cuáles estaban bloqueadas externamente y cuáles fueron limitadas por decisiones internas?
Ese criterio permite aproximarnos a la responsabilidad sin convertir el análisis económico en un reparto ideológico de culpas. Error, decisión condicionada y resultado negativo
Conviene comenzar estableciendo una diferencia esencial: error de decisión, decisión condicionada y resultado negativo no son sinónimos.
Existe un error cuando, con la información disponible en aquel momento, había alternativas razonablemente previsibles, materialmente posibles y con probabilidades superiores de producir un mejor resultado.
Una decisión condicionada es aquella adoptada dentro de un campo de posibilidades previamente reducido por factores externos, internos o una combinación de ambos.
Y un resultado negativo es simplemente una consecuencia adversa. Por sí solo no demuestra que la decisión original haya sido irracional.
Esta distinción permite evitar el sesgo retrospectivo: juzgar una decisión del pasado utilizando información que solo estuvo disponible después de conocer sus consecuencias.
Pero tampoco debe convertirse en una protección para cualquier política gubernamental. Si una alternativa era técnica, jurídica, material y financieramente posible, pero fue descartada por resistencia burocrática, preservación de determinadas estructuras de control, intereses institucionales o prioridades gubernamentales, esa limitación debe considerarse parte de la responsabilidad interna, no una imposibilidad externa.
Por tanto, el contexto condiciona la responsabilidad, pero no la elimina.
Cuba no decide dentro de una economía normal
Las decisiones económicas cubanas no se adoptan en un espacio abstracto. Estados Unidos mantiene desde comienzos de la década de 1960 un amplio sistema de restricciones sobre comercio, viajes y transacciones financieras. La propia Government Accountability Office de Estados Unidos lo describió como el conjunto más amplio de sanciones económicas estadounidenses aplicado contra un país y señaló entre sus objetivos históricos negar divisas al Gobierno cubano.
Las restricciones no equivalen formalmente a una prohibición absoluta de todo comercio con Cuba. Existen excepciones, licencias generales y operaciones expresamente autorizadas. Pero esa constatación jurídica no describe por sí sola las condiciones reales bajo las cuales ese comercio debe efectuarse.
Para numerosas operaciones, las empresas deben determinar previamente si el producto, el comprador, el banco, el transportista y cada uno de los servicios asociados se encuentran autorizados. Cuando una operación requiere licencia específica, la tramitación puede prolongarse considerablemente: las regulaciones de BIS contemplan procesos de hasta 90 días para determinadas solicitudes, mientras OFAC reconoce que sus plazos varían según la complejidad de la transacción y las consultas interagencias. Por tanto, una mercancía que técnicamente puede venderse a Cuba no necesariamente puede adquirirse con la rapidez, seguridad contractual y previsibilidad de una operación comercial ordinaria.
A ello se añade que Cuba ha estado sometida simultáneamente a dos clasificaciones estadounidenses diferentes relacionadas con terrorismo. Por un lado, permanece designada como Estado Patrocinador del Terrorismo (SST). Por otro, después de haber sido retirada en 2024, fue nuevamente certificada en mayo de 2025 como país que “no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos” (NFCC). Ambas categorías tienen fundamentos jurídicos diferentes y no deben confundirse. La segunda implica directamente restricciones sobre artículos y servicios de defensa; la primera se incorpora a un entramado sancionador mucho más amplio y tiene además un importante efecto disuasorio sobre bancos y empresas internacionales.
El problema financiero no consiste únicamente en una prohibición escrita. Una institución bancaria debe evaluar las sanciones aplicables, las listas de entidades restringidas, el origen y destino de los fondos, las contrapartes y el posible alcance extraterritorial de las normas estadounidenses. Desde 2026 este riesgo se ha incrementado todavía más con disposiciones que permiten sancionar determinadas actuaciones de personas e instituciones financieras extranjeras. El resultado práctico es el de-risking o sobrecumplimiento: operaciones jurídicamente posibles pueden ser rechazadas simplemente porque el banco considera que el beneficio comercial no compensa el riesgo regulatorio.
Las distorsiones alcanzan también al transporte. El comercio internacional funciona normalmente en dos direcciones: un barco entrega mercancías y procura transportar otra carga en su recorrido posterior. En el tráfico entre Estados Unidos y Cuba, la prohibición general de importar mercancías cubanas hacia Estados Unidos elimina en gran medida esa posibilidad de carga de retorno. Los contenedores utilizados para exportaciones estadounidenses hacia la isla pueden regresar vacíos, y ese costo termina incorporándose al precio del flete. Organizaciones vinculadas al comercio agrícola estadounidense han señalado precisamente que la inexistencia de backhaul encarece sus exportaciones a Cuba. En marzo de 2026, Hapag-Lloyd introdujo incluso un recargo específico para mercancías destinadas a Cuba denominado “Empty Return Compensation”, destinado a compensar el retorno de contenedores vacíos.
Existe además un elemento particularmente ilustrativo: autorizar una mercancía no equivale necesariamente a autorizar todos los servicios necesarios para hacerla llegar a Cuba.
En julio de 2025, OFAC anunció un acuerdo por 608.825 dólares con Key Holding LLC. Su subsidiaria colombiana había gestionado 36 embarques hacia Cuba procedentes de Colombia, España, China y Panamá por más de tres millones de dólares. Treinta y tres correspondían a alimentos y la propia OFAC reconoció que la gran mayoría eran productos de consumo benignos. Sin embargo, la empresa logística había quedado sometida a la jurisdicción estadounidense después de ser adquirida por una compañía estadounidense y realizó los servicios de intermediación y transporte sin la autorización exigida. La sanción máxima potencial calculada por OFAC superaba los cuatro millones de dólares.
El ejemplo resulta esencial para comprender la diferencia entre “Cuba puede comprar determinado producto” y “Cuba puede realizar normalmente la operación comercial necesaria para comprarlo”. Una transacción internacional no está constituida únicamente por una mercancía: necesita financiación, bancos, seguros, transporte, intermediarios, pagos, contratos y servicios logísticos. Si cada eslabón está sometido a verificaciones, autorizaciones o riesgo sancionador independiente, una excepción comercial puede existir jurídicamente y continuar siendo extraordinariamente costosa y difícil de utilizar en la práctica.
Por eso, medir el bloqueo únicamente preguntando qué productos están formalmente prohibidos conduce a una imagen incompleta. También deben medirse el tiempo, el sobrecosto, la incertidumbre, la ausencia de crédito, el flete vacío, el riesgo bancario y la retirada preventiva de empresas que podrían comerciar legalmente con Cuba.
Es precisamente en esa diferencia entre posibilidad jurídica y posibilidad económica real donde el bloqueo comienza a adquirir características de asedio.
Esto significa que Cuba puede comprar determinados productos, pero no necesariamente en las mismas condiciones financieras que otro comprador.
Esa diferencia importa.
Una economía no elige simplemente qué desea importar. Tiene que encontrar proveedor, financiación, banco, aseguradora, transporte, moneda de pago y condiciones contractuales aceptables.
Cuando algunas de esas opciones desaparecen o se encarecen, el Gobierno sigue tomando decisiones, pero decide dentro de un campo más reducido de posibilidades.
De la restricción bilateral al riesgo para terceros
La situación adquirió una dimensión adicional durante 2026.
La Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026, creó un nuevo programa sancionador paralelo a las Regulaciones para el Control de Activos Cubanos. Según la propia OFAC, este programa amplía la posibilidad de sancionar a personas extranjeras que operen en determinados sectores cubanos y a instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten determinadas transacciones significativas con actores sancionados.
OFAC ha advertido expresamente que personas no estadounidenses y bancos extranjeros pueden quedar expuestos a un riesgo significativo de sanciones en determinadas operaciones. Esa advertencia fue aplicada sucesivamente a relaciones con GAESA y otras entidades y, en agosto de 2026, al Ministerio de la Construcción de Cuba.
Esto demuestra un mecanismo concreto de condicionamiento externo.
Una empresa europea, asiática o latinoamericana puede estar jurídicamente autorizada por su propio país para operar con Cuba y, sin embargo, decidir no hacerlo porque debe incorporar a su cálculo empresarial el riesgo estadounidense.
En ese momento una medida adoptada en Washington modifica indirectamente el conjunto de alternativas disponible en La Habana.
¿Bloqueo, embargo, sanciones o asedio?
Estados Unidos utiliza oficialmente las expresiones embargo y Cuba bloqueo. En español, la Asamblea General de las Naciones Unidas emplea desde hace décadas la denominación «bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba», incluida nuevamente en sus debates de 2025 y 2026.
En este artículo utilizamos además asedio económico como categoría analítica y no como concepto jurídico.
Por asedio entendemos una fase intensificada de una política prolongada de restricciones en la que su acumulación, extraterritorialidad y efecto disuasorio sobre terceros actores no solo dificultan determinadas operaciones, sino que reducen progresivamente la capacidad de generar alternativas futuras.
Esta definición resulta importante porque una restricción puede impedir una compra hoy, mientras un proceso prolongado puede impedir además renovar maquinaria, conservar proveedores, mantener tecnología, reponer capital y preservar capacidades productivas para mañana.
Es ahí donde entra el factor tiempo. El tiempo no siempre produce adaptación
Una objeción habitual sostiene que, si Cuba conoce desde hace décadas la existencia del bloqueo, debería haber construido una economía capaz de resistirlo.
La pregunta es legítima. ¿Por qué no se diversificó suficientemente la producción? ¿Por qué determinadas reformas fueron tardías? ¿Por qué persisten excesos burocráticos? ¿Por qué la agricultura continúa mostrando bajos rendimientos? ¿Por qué no se redujo antes la dependencia importadora?
Pero existe otra pregunta igualmente necesaria: ¿el paso del tiempo aumenta siempre la capacidad de adaptación o puede también producir descapitalización acumulativa?
Una fábrica necesita materias primas, pero también piezas, rodamientos, motores, software, mantenimiento, técnicos y renovación tecnológica.
La agricultura necesita tierra y trabajadores, pero también combustible, fertilizantes, alimentos para animales, maquinaria, sistemas de riego, almacenamiento y transporte.
Una central eléctrica necesita combustible, pero necesita igualmente reparaciones, piezas, financiación e inversiones de reposición.
Cuando esos elementos faltan repetidamente, la producción no permanece simplemente en un nivel más bajo: puede comenzar a perder capacidad tecnológica y productiva.
La CEPAL describe precisamente una combinación de ambos procesos. Para 2024 registró una contracción del PIB cubano del 1,1 %, un déficit fiscal estimado entre 8 y 9 % del PIB, deterioro de la infraestructura energética, escasez de combustible y restricciones externas que dificultan el acceso a insumos esenciales. Para 2025 volvió a vincular las perspectivas negativas tanto a factores externos como a debilidades internas.
No tenemos, por tanto, que escoger entre ambos factores. Debemos estudiar cómo interactúan.
Tarea Ordenamiento: un caso de responsabilidad interna
La reforma monetaria iniciada en enero de 2021 constituye uno de los mejores ejemplos para aplicar este método.
Cuba necesitaba resolver problemas reales: dualidad monetaria, tipos de cambio artificiales, subsidios cruzados, dificultades para medir la eficiencia empresarial y profundas distorsiones entre salarios, precios y costos. La necesidad de reformar no demuestra, sin embargo, que la manera escogida fuera correcta.
Pavel Vidal y Luis R. Luis describen la devaluación realizada en 2021 como una “big-bang devaluation” y la identifican como el principal determinante inmediato del salto inflacionario. Sus estimaciones sitúan la inflación efectiva de aquel año muy por encima del índice de precios oficialmente reportado, aunque existen diferencias importantes según la metodología utilizada.
Esto permite hablar legítimamente de una reforma con características de choque por su magnitud y velocidad, sin necesidad de asignarle automáticamente una determinada etiqueta ideológica.
El contexto era excepcionalmente adverso: pandemia, contracción del turismo, escasez de divisas, restricciones financieras y fuerte rigidez de la oferta.
Precisamente por eso cabe preguntar si una devaluación tan abrupta debía ejecutarse en aquel momento, con aquella secuencia y sin una recuperación previa suficiente de la oferta productiva.
Aquí el bloqueo forma parte del contexto.
Pero la decisión concreta sobre el diseño y momento de la reforma pertenece al ámbito de responsabilidad gubernamental.
Este caso demuestra que reconocer el asedio externo no impide identificar errores internos importantes.
Agricultura: donde las dos dimensiones se encuentran
El sector agropecuario permite observar todavía mejor la interacción.
Un estudio de Betsy Anaya Cruz sobre el desarrollo agropecuario cubano señala que desde 2007 se han sucedido reformas, programas y políticas para incrementar la producción de alimentos. Entre ellas se encuentran la entrega de tierras en usufructo, los Lineamientos, el Plan de Soberanía Alimentaria y las 63 medidas adoptadas en 2021. Sin embargo, los resultados continúan muy alejados de los objetivos declarados.
El estudio recoge descensos extraordinariamente fuertes entre 2019 y 2023 en producciones como arroz, huevos y leche, y muestra además una estrecha relación entre la contracción del valor agregado agropecuario y la reducción de la importación de insumos, combustibles y lubricantes utilizados en el sector.
Este es el condicionamiento material externo.
Sin fertilizantes suficientes, alimento animal, combustible, maquinaria o piezas de repuesto, los rendimientos disminuyen y parte de la producción retrocede hacia métodos menos tecnificados.
Pero el mismo estudio identifica simultáneamente problemas internos: impagos a productores, lentitud burocrática en la entrega de tierras, deficiencias institucionales y una asignación de inversión extraordinariamente reducida hacia la agricultura.
Por tanto, no sería correcto afirmar que el problema agrícola es exclusivamente consecuencia del bloqueo.
Tampoco sería correcto ignorar que una agricultura dependiente de insumos importados sufrirá necesariamente cuando su capacidad importadora se reduce.
La pregunta pertinente pasa a ser mucho más concreta: ¿qué parte del problema necesitaba divisas, combustible o tecnología externa y qué parte podía solucionarse modificando organización, incentivos, pagos, comercialización, autonomía y burocracia?
Aquello que podía corregirse internamente y no fue corregido pertenece a la responsabilidad nacional.
Aquello que materialmente no podía realizarse sin recursos inaccesibles pertenece a otro nivel de causalidad.
La prioridad de las inversiones también es una decisión
Existe un tercer caso que no puede ignorarse: la distribución de los escasos recursos inversionistas.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) cotejados por EFE, en 2024 las actividades agrupadas por la agencia como vinculadas al turismo y la hostelería concentraron el 37,4 % de la inversión estatal —36.843,8 millones de pesos—, mientras que la agricultura recibió aproximadamente el 2,7 % —2.671,4 millones de pesos
Conviene introducir una precaución metodológica: parte de esa cifra procede de la categoría «servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler», que no puede identificarse mecánicamente en su totalidad con construcción hotelera. Por ello, debe utilizarse con cuidado.
Pero la tendencia general resulta difícil de ignorar. En 2023, usando igualmente datos oficiales de ONEI, las actividades vinculadas al turismo habían concentrado aproximadamente un tercio de las inversiones, frente a poco más del 3 % destinado a agricultura.
Y esa orientación continuó mientras el propio sector turístico permanecía muy por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia. En 2024 la ocupación hotelera rondó el 30 %, y en 2025 cayó hasta el 18,9 %, según ONEI.
Esto no demuestra automáticamente que toda inversión hotelera haya sido equivocada. Cuba necesita divisas y el turismo constituye una de sus fuentes potenciales más importantes.
Pero sí convierte la prioridad inversionista en una cuestión legítima de responsabilidad interna: en una economía con escasez de alimentos, infraestructura eléctrica deteriorada y fuertes restricciones de divisas, ¿era adecuada la proporción de recursos destinada a ampliar capacidades turísticas frente a agricultura, energía e infraestructura productiva?
Aquí no puede responderse simplemente invocando el bloqueo.
La escasez de recursos era externa e interna.
La decisión sobre cómo distribuir parte de esos recursos era nacional.
Energía: vulnerabilidad previa y agravamiento posterior
La crisis energética ofrece otro ejemplo de por qué resulta peligroso construir explicaciones monocausales.
La CEPAL describe una crisis estructural caracterizada por escasez crónica de combustible y deterioro de la infraestructura generadora y distribuidora. También señala problemas de financiación y dificultades para acceder a recursos necesarios para modernizar el sistema.
Por tanto, deben investigarse las decisiones internas sobre mantenimiento, inversión, planificación y prioridades presupuestarias.
Pero el 11 de junio de 2026, OFAC incorporó a Unión Cuba-Petróleo (CUPET) a la lista de personas y entidades bloqueadas.
Esa medida no originó la crisis eléctrica cubana.
La crisis existía mucho antes.
Utilizar la designación de CUPET para explicar retrospectivamente décadas de deterioro sería metodológicamente incorrecto.
Pero tampoco puede ignorarse su efecto potencial hacia adelante: una nueva restricción sobre la principal empresa petrolera del país puede aumentar las dificultades para establecer relaciones financieras, comerciales, logísticas o tecnológicas futuras.
Estamos nuevamente ante la misma interacción: una vulnerabilidad interna previa puede hacer más dañina una nueva restricción externa, y la nueva restricción puede dificultar la corrección de aquella vulnerabilidad.
La retroalimentación entre vulnerabilidad y presión externa
Llegamos así al mecanismo central.
Una economía productiva, diversificada, tecnológicamente moderna, con reservas internacionales y amplio acceso al crédito soporta mejor una presión externa.
Una economía con baja productividad, infraestructura envejecida, escasez de divisas y reducida capacidad exportadora resulta mucho más vulnerable.
Por tanto: las debilidades internas pueden amplificar el impacto de las restricciones externas.
Pero el mecanismo funciona también en sentido inverso: las restricciones externas pueden reducir los recursos necesarios para corregir las debilidades internas.
El circuito puede representarse así: restricción externa → menor acceso a financiación, insumos y tecnología → deterioro productivo → menor producción y exportación → menos divisas → menor capacidad de inversión → mayor vulnerabilidad.
Dentro de ese circuito pueden introducirse además decisiones internas equivocadas: mala asignación de inversiones → burocracia → incentivos insuficientes → reformas tardías → menor productividad → mayor vulnerabilidad frente a la presión externa.
Ya no estamos ante dos causas independientes. Estamos ante un sistema de retroalimentación.
No debemos cuantificar aquello que no podemos medir
Sería tentador intentar resolver la discusión diciendo que un determinado porcentaje de la crisis corresponde al bloqueo y otro porcentaje a errores gubernamentales.
Pero con la información disponible semejante reparto produciría probablemente una apariencia de precisión mayor que nuestra capacidad real para demostrarla.
¿Cómo separar matemáticamente la caída de una producción agrícola causada por falta de fertilizante de aquella causada por un mal sistema de comercialización cuando ambos factores actúan simultáneamente?
¿Cómo determinar qué parte de la baja generación eléctrica corresponde al deterioro tecnológico, qué parte a falta de combustible, qué parte a decisiones inversionistas anteriores y qué parte al acceso restringido a financiación?
Lo científicamente responsable es cuantificar los mecanismos que puedan cuantificarse, no inventar porcentajes globales de culpabilidad.
Podemos medir inflación, déficit fiscal, inversión por sectores, producción agrícola, importaciones, generación eléctrica, ocupación hotelera o disponibilidad de divisas.
A partir de esos datos podemos evaluar decisiones concretas.
Lo que no debemos hacer es transformar un problema sistémico en una fórmula arbitraria de reparto político.
¿Cómo determinar la responsabilidad del Gobierno?
Para evaluar cualquier decisión económica cubana proponemos cuatro preguntas.
Primera: ¿qué información estaba disponible cuando se decidió?
No debe juzgarse una política solamente mediante conocimientos obtenidos después de conocer sus consecuencias.
Segunda: ¿qué alternativas eran realmente posibles?
No basta con imaginar soluciones. Debían ser técnica, jurídica, material y financieramente realizables.
Tercera: ¿qué limitaciones procedían de decisiones internas?
Burocracia, centralización innecesaria, mala asignación de inversiones, incentivos inadecuados, retrasos administrativos o rechazo gubernamental a introducir una alternativa posible deben contabilizarse como responsabilidad nacional.
Cuarta: ¿qué limitaciones procedían del exterior?
Acceso a bancos, créditos, proveedores, mercados, transporte, combustible, tecnología y determinadas inversiones pueden estar condicionados por factores externos.
Solo después de responder esas preguntas resulta legítimo clasificar una medida como error, decisión condicionada o resultado difícilmente evitable.
Dos contrafactuales, no uno
El análisis necesita además dos preguntas hipotéticas complementarias.
La primera es conocida: ¿qué habría ocurrido en Cuba sin las restricciones estadounidenses, manteniendo las mismas políticas internas?
Ese contrafactual permite evitar que el bloqueo se transforme en una explicación universal de cualquier deficiencia.
Pero necesitamos simultáneamente otro: ¿qué podía haber hecho el Gobierno cubano manteniendo las restricciones estadounidenses realmente existentes?
Esta pregunta permite identificar errores, reformas postergadas y oportunidades desaprovechadas que dependían de decisiones nacionales.
Los dos ejercicios son imprescindibles.
Sin el primero, podemos absolver automáticamente al Gobierno.
Sin el segundo, podemos atribuirle alternativas que en realidad nunca estuvieron disponibles.
Las 176 transformaciones: un caso todavía abierto
En junio de 2026 Cuba aprobó 176 transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes, que abarcan la empresa estatal, propiedad, planificación, sector privado, autonomía municipal, agricultura, banca, política cambiaria, inversión extranjera, comercio exterior, turismo y otras áreas.
El Gobierno sostiene que estas transformaciones no representan un abandono del proyecto socialista, sino una actualización de sus mecanismos económicos, incluyendo mayor descentralización, reconocimiento del mercado y ampliación del papel de diferentes actores económicos.
Sería prematuro calificarlas ahora como éxito o fracaso.
Precisamente nuestro método exige no cometer con ellas el mismo error retrospectivo que criticamos.
Habrá que observar: qué medidas se implementan realmente, qué recursos requieren, cuáles dependen exclusivamente de voluntad interna, cuáles necesitan financiación externa, qué resultados producen y qué efectos no previstos aparecen durante su ejecución.
Las 176 transformaciones constituyen, por tanto, un caso abierto para poner a prueba el propio método de este artículo.
Una advertencia sobre los datos
Todo este análisis enfrenta además una limitación que debe hacerse explícita.
La disponibilidad y comparabilidad de determinadas estadísticas cubanas son insuficientes, existen retrasos en algunas series y una parte importante de las estimaciones internacionales utiliza información producida por organismos nacionales.
La propia nota de país de CEPAL correspondiente al Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2025 advierte que no fue sometida a revisión editorial.
Eso no invalida sus cifras ni convierte automáticamente las estadísticas oficiales cubanas en incorrectas.
Significa simplemente que cada dato debe interpretarse atendiendo a su metodología, fuente primaria y limitaciones.
Reconocer las limitaciones de nuestros propios datos forma también parte del rigor analítico.
El verdadero mito
El mito que debemos desmontar no consiste en afirmar que el Gobierno cubano nunca comete errores.
Los ejemplos anteriores demuestran que existen decisiones nacionales que deben examinarse críticamente. Tampoco consiste en negar problemas de productividad, burocracia, inversión, incentivos, gestión monetaria o planificación.
El verdadero mito es más simple: suponer que todo resultado negativo demuestra automáticamente incompetencia o error gubernamental, como si todas las opciones estuvieran disponibles en igualdad de condiciones.
No lo están.
Pero reconocer esa restricción tampoco significa que el Gobierno quede exonerado.
Significa que la responsabilidad debe demostrarse decisión por decisión, estableciendo qué podía hacerse, qué no podía hacerse y por qué.
Conclusiones
La evidencia examinada permite extraer varias conclusiones.
Primero, existen responsabilidades internas concretas. La Tarea Ordenamiento, determinados problemas del sistema agropecuario y la estructura de prioridades inversionistas proporcionan casos legítimos para investigar decisiones gubernamentales sin atribuirlas automáticamente al bloqueo.
Segundo, existen condicionamientos externos igualmente comprobables. El régimen estadounidense afecta comercio, financiación y transacciones y, desde 2026, amplió explícitamente el riesgo sancionador hacia determinados actores y entidades financieras extranjeras.
Tercero, ambos factores interactúan. La debilidad interna aumenta la capacidad de la presión externa para causar daño, mientras la presión externa puede reducir los recursos necesarios para corregir esa debilidad.
Cuarto, no todo resultado negativo demuestra un error, pero tampoco toda restricción externa convierte una decisión interna en inevitable.
Quinto, la distribución de recursos escasos constituye en sí misma una decisión política y económica. Incluso bajo asedio existen espacios de responsabilidad nacional que deben ser examinados.
Sexto, no disponemos de una base metodológica suficiente para afirmar que un porcentaje determinado de la crisis corresponde a causas internas y otro a causas externas. Es preferible medir mecanismos concretos antes que inventar cifras de culpabilidad.
Y séptimo, precisamente cuando una economía acumula vulnerabilidades internas es cuando una política prolongada de bloqueo puede adquirir mayor incidencia sobre su funcionamiento.
Reconocer errores internos no reduce necesariamente la importancia del asedio.
Y reconocer el asedio tampoco elimina la responsabilidad interna.
La cuestión verdaderamente seria consiste en determinar, caso por caso, qué podía decidir Cuba, qué decidió realmente y cuánto había sido reducido de antemano su campo de posibilidades.
Glosario de términos clave:
Bloqueo económico, comercial y financiero:
Denominación utilizada oficialmente en español por la Asamblea General de las Naciones Unidas para referirse al conjunto de medidas económicas estadounidenses contra Cuba.
Embargo:
Término utilizado habitualmente por las autoridades estadounidenses para denominar históricamente esas restricciones.
Asedio económico:
Categoría analítica utilizada en este artículo para describir una fase intensificada de restricciones prolongadas en la que su acumulación, extraterritorialidad y efecto disuasorio reducen no solo recursos presentes, sino también la capacidad de generar alternativas futuras. No constituye una categoría jurídica.
Error de decisión:
Decisión para la cual existían alternativas razonablemente previsibles y realmente disponibles que ofrecían posibilidades significativamente mejores.
Decisión condicionada:
Decisión adoptada dentro de un campo de alternativas limitado por factores internos, externos o ambos.
Resultado negativo:
Consecuencia desfavorable de una decisión. No constituye por sí solo prueba de error.
Campo real de opciones:
Conjunto de alternativas técnica, jurídica, material y financieramente disponibles en el momento de adoptar una decisión.
Sesgo retrospectivo:
Tendencia a juzgar una decisión pasada como evidentemente equivocada después de conocer un resultado que no podía preverse con igual certeza en el momento de decidir.
Contrafactual:
Escenario hipotético utilizado para analizar qué podría haber ocurrido si una determinada condición hubiese sido diferente.
Descapitalización:
Pérdida progresiva de capacidad productiva por deterioro, obsolescencia o falta de reposición de maquinaria, infraestructura, tecnología y otros bienes de capital.
Efecto extraterritorial:
Efecto producido por una regulación nacional sobre decisiones de empresas, bancos o personas situadas fuera del territorio del Estado que la dicta.
Retroalimentación:
Proceso mediante el cual dos o más factores se modifican mutuamente y pueden amplificar progresivamente sus efectos.
Fuentes consultadas y recomendadas:
Anaya Cruz, B. (2024). Desarrollo del sector agropecuario cubano: Una prioridad impostergable. Observatorio sobre la Economía Cubana, Documento de Trabajo No. 1, Pontificia Universidad Javeriana Cali. Documento
Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2025: Cuba. Naciones Unidas. CEPAL
EFE. (2025, 24 de marzo). Cuba invirtió en 2024 mucho más en turismo y hostelería que en educación y sanidad. EFE
EFE. (2026, 16 de marzo). La ocupación hotelera en Cuba cayó en 2025 hasta el 18,9 %. EFE
Office of Foreign Assets Control. (2026, 7 de mayo). Frequently asked questions: Executive Order 14404 and Cuba-related sanctions. U.S. Department of the Treasury. OFAC
Office of Foreign Assets Control. (2026, 11 de junio). Cuba designation: Unión Cuba-Petróleo. U.S. Department of the Treasury. OFAC
Office of Foreign Assets Control. (2026, 20 de agosto). FAQ 1265: Transactions with the Ministry of Construction of Cuba. U.S. Department of the Treasury. OFAC
U.S. Congressional Research Service. (2025). Cuba sanctions: Legislative restrictions limiting the normalization of relations (R43888). CRS
United Nations General Assembly. (2025). Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba (A/80/83). Naciones Unidas.
United States Government Accountability Office. (2009). U.S. embargo on Cuba: Recent regulatory changes and potential presidential or congressional actions (GAO-09-951R). GAO
Vidal, P., & Luis, L. R. (2024). Cuba’s monetary reform and triple-digit inflation. Latin American Research Review, 59, 274–291. https://doi.org/10.1017/lar.2023.59.
Sobre el Autor
Henrik Hernandez es investigador independiente, editor y fundador de Tocororo Cubano. Sus líneas de trabajo abarcan la teoría de la Plusdirección, la resiliencia nacional, la soberanía económica, la geopolítica y el análisis de sistemas complejos. Ha desarrollado un enfoque interdisciplinario orientado a comprender las transformaciones del poder en el siglo XXI y su aplicación a los desafíos contemporáneos de Cuba.
Sobre el medio
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Por Henrik Hernandez - Tocororo Cubano® Revista Digital Multidisciplinaria
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