Sabotaje económico: el verdadero rostro de los delitos contra las redes eléctricas

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Introducción

El artículo publicado en Granma, el 4 de diciembre de 2024, bajo el título de "El incalculable daño de los delitos contra las redes y sistemas eléctricos", destaca un problema grave y recurrente: la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores eléctricos en Cuba. Sin embargo, al tratar este tipo de delitos como simples robos, se minimiza su impacto real. Cuando un país enfrenta condiciones de emergencia energética y adversidades económicas, este tipo de actos no pueden considerarse como delitos comunes; son sabotajes económicos, y en algunos casos, actos de terrorismo.

Un acto de sabotaje, no de simple hurto

Robar 300 litros de aceite dieléctrico de un transformador que provee energía a más de 17 000 personas no es solo un acto criminal que afecta propiedades. Es un ataque deliberado contra la infraestructura vital del país, poniendo en riesgo el bienestar de comunidades enteras y debilitando el sistema eléctrico nacional. Este tipo de acciones, en el contexto de una economía de guerra provocada por el bloqueo económico y la contingencia energética, no puede encuadrarse únicamente como "hurto" o "robo con fuerza".

El sabotaje económico busca desestabilizar la sociedad al provocar caos y descontento. La interrupción del servicio eléctrico no solo afecta hogares; también paraliza servicios básicos, producción, atención médica y educación. En este contexto, tratarlo como un delito menor diluye la gravedad del problema y subestima su impacto estratégico.

El terrorismo en la economía de guerra

Cuando se analiza el contexto actual de Cuba, bajo un bloqueo asfixiante que afecta su capacidad de adquirir recursos esenciales, cualquier acto que atente contra su infraestructura crítica debe ser evaluado con mayor rigor. La Ley Penal cubana reconoce la figura del sabotaje y la agrava en casos donde se pone en peligro la seguridad colectiva o se afectan bienes estratégicos, como las reservas materiales del país. Sin embargo, estos delitos también pueden caer dentro de una categoría más grave: terrorismo.

El terrorismo no siempre implica armas o explosiones; cualquier acción deliberada que busque intimidar, causar miedo o desestabilizar un país utilizando su vulnerabilidad como ventaja puede ser calificada como tal. La sustracción de aceite dieléctrico en estas circunstancias se alinea con este objetivo, especialmente cuando sus autores tienen conocimiento técnico del daño que causan.

Llamar a las cosas por su nombre

La reticencia a calificar estos actos como sabotaje económico o terrorismo refleja una falta de voluntad para asumir plenamente la realidad que enfrenta el país. La tolerancia cero implica no solo perseguir y sancionar a los responsables, sino también cambiar el enfoque narrativo y legal con el que se abordan estas acciones.

Hablar claro significa reconocer que quienes perpetran estos actos no son simples ladrones, sino enemigos del bienestar colectivo que atentan contra la soberanía energética del país. Además, los receptadores de estos bienes robados también deben ser juzgados como cómplices en la desestabilización económica y social.

Actuar en consecuencia

Si bien la respuesta inmediata a los ataques a la infraestructura eléctrica ha sido rápida y efectiva, es crucial que se implementen medidas más enérgicas para prevenir y sancionar este tipo de delitos:

Endurecer las sanciones: Aplicar la máxima penalidad prevista por la ley, no solo por sabotaje, sino también por terrorismo económico en los casos más graves.

Educación y concienciación: Explicar a la población que actos como estos no son simplemente "robos", sino ataques contra toda la sociedad, y que los receptadores son igualmente culpables.

Control y prevención: Fortalecer la vigilancia y la protección de instalaciones críticas, así como mejorar los sistemas de monitoreo y detección.

Llamar a la movilización social: La comunidad debe asumir un rol activo en la protección de los recursos colectivos, promoviendo la denuncia de actos sospechosos y el rechazo a la complicidad con quienes los cometen.

Conclusión

Es momento de abandonar el lenguaje tibio y actuar con firmeza. La economía de guerra que enfrenta Cuba no permite la indulgencia con delitos que afectan la infraestructura estratégica. Calificar estos actos como sabotaje económico o terrorismo, más allá de un cambio semántico, implica reconocer su verdadero impacto y tomar medidas consecuentes para proteger a la sociedad y garantizar su estabilidad.

Notas:

A lo que no se nombra, se le teme, porque evitar llamar las cosas por su verdadero nombre es un acto de evasión que fortalece lo que se pretende combatir. Nombrar con claridad es el primer paso para enfrentar con valentía cualquier desafío.

Fuentes consultadas:

• Portuondo, L. A., & Vila, B. (2024, diciembre 4). El incalculable daño de los delitos contra las redes y sistemas eléctricos. Granma. Recuperado el 5 de diciembre de 2024, de https://www.granma.cu/cuba/2024-12-04/el-incalculable-dano-de-los-delitos-contra-las-redes-y-sistemas-electricos-04-12-2024-22-12-13