Los abogados de Maduro, la defensa de la soberanía y el umbral del lawfare

Introducción

En los procesos que marcan época, los abogados no son figuras accesorias: son intérpretes del límite. En la causa que enfrenta Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos, la defensa no se limita a refutar imputaciones penales; impugna el marco mismo desde el cual se pretende juzgar. Lo que está en disputa no es solo culpabilidad o inocencia, sino si el derecho internacional y la Constitución estadounidense siguen operando como límites efectivos o si han sido absorbidos por una lógica de coerción jurídica: el lawfare.

Los abogados: una defensa estructural frente a la extralimitación

La arquitectura defensiva elegida por Maduro responde a un objetivo claro: trasladar el caso del fondo penal a la competencia y a la legalidad del foro. Se trata de una defensa de alto perfil, habituada a litigios federales complejos y a causas donde el derecho interno colisiona con principios consuetudinarios del orden internacional. La estrategia no busca “ganar” probando hechos, sino demostrar que el tribunal no debería conocer del caso por existir inmunidad soberana personal (ratione personae), ausencia de jurisdicción y cuestionamientos graves sobre la legalidad de la captura o traslado.

Este enfoque construye un récord judicial destinado a trascender el expediente: cada escrito y cada objeción apuntan a dejar constancia de que el proceso es excepcional y que su continuidad erosiona la arquitectura normativa que dice proteger.

La posición de Maduro: negación de jurisdicción y recalificación del conflicto

Desde su primera comparecencia, Maduro ha fijado una posición coherente: se declara inocente, afirma su condición de presidente en funciones y rechaza la jurisdicción del tribunal. Al calificarse como “prisionero de guerra” y afirmar que fue capturado en su país, no intenta acogerse a un estatuto técnico del derecho humanitario; recalifica el proceso. El mensaje es inequívoco: esto no es un juicio penal ordinario, sino un acto hostil interestatal presentado como causa criminal.

Esa afirmación obliga al tribunal a enfrentar preguntas previas e ineludibles:
¿puede un juez federal juzgar a un jefe de Estado extranjero en funciones?
¿puede hacerlo sin resolver antes la inmunidad personal?
¿puede mantener una detención sin pronunciarse sobre la competencia y la legalidad del procedimiento?

La defensa no discute los cargos: discute el derecho del tribunal a formularlos.

El tribunal ante la ambigüedad

La decisión de fijar una nueva audiencia sin ordenar la liberación inmediata no responde esas preguntas; las aplaza. En términos procesales, es una opción conocida en causas complejas: se mantiene la continuidad mientras se reciben escritos y argumentos. En términos sistémicos, el efecto es otro: el conflicto se desplaza al tiempo. El derecho no se pronuncia; administra la incertidumbre.

Esta administración temporal no es neutral. Cada día de detención sin una decisión previa sobre competencia, inmunidad y legalidad incrementa el riesgo constitucional y refuerza la percepción de lawfare: el uso del proceso como presión acumulativa, no como búsqueda de justicia.

Actualización procesal: la ambigüedad como forma de poder

Que el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York haya fijado otra audiencia sin ordenar la liberación inmediata de Nicolás Maduro no valida los cargos ni rechaza expresamente la inmunidad alegada. Significa, estrictamente, que el tribunal aplaza la decisión de fondo mientras mantiene la continuidad procesal. Esta opción traslada el conflicto desde la legalidad sustantiva al tiempo, convirtiendo la detención en un instrumento de presión indirecta. El derecho se posterga.

La postergación, sin embargo, tiene un costo creciente. Mantener la detención sin resolver competencia, inmunidad (ratione personae) y legalidad de la captura o traslado profundiza la tensión constitucional y acerca al tribunal a una disyuntiva ineludible: restaurar el derecho con una decisión clara o asumir que el expediente opera como coerción jurídica administrada. En este punto, la ambigüedad deja de ser neutral y se convierte en una forma de poder.

Cierre

Este ya no es un caso “sobre Venezuela” ni “contra Estados Unidos”. Es un caso-test del orden jurídico contemporáneo. Los abogados de Maduro no defienden solo a un cliente; defienden la idea de que el derecho tiene límites y que la soberanía no es una concesión del poder hegemónico. La respuesta del tribunal dirá si esos límites siguen vigentes o si la justicia ha sido absorbida por la lógica del lawfare.

Glosario de términos clave:

Inmunidad soberana personal (ratione personae):

Protección absoluta que el derecho internacional reconoce a jefes de Estado en funciones frente a jurisdicciones penales extranjeras.

Competencia jurisdiccional:

Facultad legal de un tribunal para conocer de un caso; su ausencia obliga a la desestimación.

Lawfare:

Uso instrumental del derecho y de los tribunales como herramientas de coerción política.

Extraterritorialidad:

Aplicación de leyes nacionales fuera del territorio del Estado que las dicta.

Debido proceso:

Conjunto de garantías constitucionales que protegen frente a privaciones arbitrarias de libertad y juicios sesgados.

Récord judicial:

Conjunto de actuaciones y constancias del proceso que sustentan revisiones y evaluaciones posteriores.

Fuentes consultadas:

Carta de las Naciones Unidas. (1945). Naciones Unidas.

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. (1961). Naciones Unidas.
Fox, H., & Webb, P. (2015). The Law of State Immunity (3rd ed.). Oxford University Press.

Koh, H. H. (2010). The National Security Constitution. Yale University Press.
O’Connell, M. E. (2018). The Power and Purpose of International Law. Oxford University Press.

International Law Commission. (Various years). Reports. United Nations.
U.S. Constitution, Amendments V & VI; Article II. (1787–1791). National Archives.

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Por Henrik Hernandez - Tocororo Cubano

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