La tierra como mercancía: síntoma de desmantelamiento silencioso del socialismo
por Henrik Hernandezpublicado en
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Por Henrik Hernandez
Hace unos días circulaba en redes un anuncio que, aunque parece inofensivo, encierra un problema mayor:
“Gangaaaa 12 000 USD súper precio. Se vende finca en Campo Florido…”
La oferta enumeraba vivienda, pozo, turbina, sistema de riego, cientos de matas de mango, coco, plátano, yuca, cítricos y aguacates, además de implementos agrícolas. Todo a cambio de dólares.
A primera vista podría parecer un clasificado más. Pero en realidad es la evidencia de un fenómeno que avanza en silencio: la tierra, que en el socialismo cubano debía estar al servicio de la nación, se convierte en mercancía negociada en divisas.
Un mercado paralelo que todos conocen
En la letra de la ley:
La tierra agrícola no puede venderse libremente.
Solo los campesinos propietarios pueden traspasarla, con límites de extensión y prioridad del Estado.
Los usufructuarios no pueden vender; si renuncian, deben devolverla al Estado.
En la práctica, abundan anuncios en WhatsApp, Facebook y Revolico ofreciendo fincas completas. El precio real se fija en divisas, aunque los papeles se firman en CUP.
Lo que se presenta como “venta de una casa con terreno” encubre un mercado inmobiliario rural paralelo, tolerado mientras la tierra se mantenga en producción.
Tolerancia y complicidad
Las autoridades locales saben lo que ocurre.
Los notarios formalizan solo la parte de la vivienda.
El Ministerio de la Agricultura rara vez ejerce su derecho de tanteo en pequeñas fincas.
Mientras la producción continúe, muchas operaciones quedan tácitamente aceptadas.
Así se mantiene un doble discurso: oficialmente la tierra no es mercancía, pero en la práctica se compra y se vende a diario.
Testaferros y capital externo encubierto
Cada vez más, los compradores en Cuba son en realidad testaferros de familiares o amigos en el extranjero.
El dinero entra como remesa, el pariente local firma los papeles, y el capital externo termina controlando la finca.
Esto convierte el mercado informal en una puerta trasera de privatización y desnacionalización, con efectos claros:
Erosiona el socialismo, reinstalando la lógica de acumulación privada.
Atenta contra la soberanía nacional, al ceder de facto el control de tierras a intereses foráneos.
Una contradicción deliberada
No todo responde solo a tolerancia pasiva. En los últimos años, el propio Estado ha ensayado formas controladas de mercantilización:
Entrega de usufructo a cooperativas, particulares y, en algunos casos, empresas extranjeras. Ejemplo: el proyecto conjunto con Vietnam para cultivar arroz, que multiplicó rendimientos.
Desde 2011, la compraventa de viviendas abrió indirectamente un espacio donde la tierra urbana adquirió valor de mercancía.
Estas medidas reflejan la tensión entre dos necesidades:
Proteger el principio socialista de que la tierra no se vende.
Atraer inversión y aumentar la producción en un contexto de crisis alimentaria y falta de recursos.
La contradicción es evidente: lo que se permite de forma “excepcional” para atraer capital puede terminar normalizando la lógica de la tierra como mercancía.
Causas de fondo: bloqueo y fallos internos
El auge del mercado informal de fincas no surge de la nada. Responde a un contexto donde confluyen:
Bloqueo de Estados Unidos: limita el acceso a insumos, tecnología, financiamiento y mercados, encareciendo la producción.
Crisis energética y financiera: sin combustible ni liquidez, se paraliza el riego, la transportación y la refrigeración de alimentos.
Fallos internos del modelo agrícola: centralización excesiva, topes de precios, trabas burocráticas y baja inversión en agricultura frente a sectores como el turismo.
A esto se suma un problema grave: los pagos del Estado por las entregas agrícolas muchas veces no se cumplen o se retrasan.
Este incumplimiento alimenta la desconfianza y empuja a los campesinos hacia el mercado informal, donde al menos reciben pago inmediato y en divisas.
Magnitud del fenómeno
No existen estadísticas públicas oficiales sobre la compraventa informal de tierras en Cuba. Algunos economistas y fuentes críticas al gobierno, como Pedro Monreal o Ricardo Torres, han sugerido que entre un 20 y un 30% de las tierras en usufructo terminan transferidas de facto mediante testaferros o ventas encubiertas.
Sin embargo, estas cifras deben leerse con cautela: provienen de entornos no oficiales y pueden estar influidas por agendas políticas.
Lo que sí es evidente es la proliferación de anuncios en plataformas digitales como Revolico y Facebook, donde cada semana aparecen cientos de ofertas de compraventa de fincas en divisas, lo que confirma que el fenómeno es real y de alcance considerable.
Impacto en la seguridad alimentaria
La mercantilización de la tierra no solo erosiona principios ideológicos: también amenaza la seguridad alimentaria nacional.
Cuba importa hoy cerca del 80% de los alimentos que consume.
Si las fincas productivas se orientan a cultivos más rentables para exportación (mango, aguacate, cítricos) o al abastecimiento del turismo, se reduce la producción de básicos (arroz, frijoles, leche, yuca).
El resultado es mayor dependencia externa y vulnerabilidad para el pueblo cubano.
Efectos corrosivos
El avance del mercado paralelo, combinado con aperturas deliberadas y con la ineficiencia interna, genera consecuencias profundas:
Corrupción normalizada: acuerdos ilegales tolerados por funcionarios.
Desigualdad rural: quienes tienen divisas expanden sus tierras; los pobres venden barato.
Fragmentación social: reaparece una estructura de clases en el campo.
Pérdida de control estratégico: la tierra deja de responder a prioridades colectivas y se orienta hacia intereses privados o externos.
¿Qué debería hacer el Estado?
El dilema es evidente: reprimir de forma absoluta sería impopular, pero tolerar sin control es abrir la puerta al desmantelamiento del socialismo y de la soberanía.
La salida pasa por regular con claridad y firmeza:
Diferenciar propietarios y usufructuarios:
Los usufructuarios no pueden vender; deben devolver la tierra al Estado.
Los propietarios campesinos pueden vender, pero primero deben presentar la oferta al Estado.
Solo si el Estado no ejerce su derecho de tanteo, se autoriza la venta a otro campesino.
Ratificación y control institucional:
Cada compraventa debe ser ratificada por una comisión provincial y autorizada por el Gobernador.
Una comisión nacional de control debe supervisar estas operaciones y frenar la actuación de testaferros.
Transparencia financiera:
Los pagos deben realizarse únicamente a través del sistema bancario estatal, garantizando trazabilidad y recaudación fiscal.
Compromiso productivo:
El nuevo propietario debe presentar un plan de producción obligatorio.
Si incumple, la tierra regresa al Estado.
Regulación de los anuncios:
Se debe legislar que ningún anuncio privado en redes sociales o medios informales tendrá validez legal.
Los gobiernos municipales publicarán un bando oficial en sus páginas web confirmando la operación, siempre que el Estado no haya ejercido el derecho de tanteo.
El vendedor deberá pagar una tasa por la publicación del anuncio oficial.
Toda compraventa anunciada fuera de este mecanismo se considerará inválida.
Reconstruir la confianza en el Estado:
Ninguna regulación será efectiva si el Estado no cumple con sus compromisos básicos: pagar a tiempo, reducir la burocracia y combatir la corrupción.
Solo así los campesinos verán más atractivo mantenerse dentro de la legalidad que recurrir al mercado paralelo.
Alternativas internacionales como referencia
Modelos de otros países socialistas muestran que es posible aumentar la producción sin perder soberanía:
Vietnam: mantuvo la tierra en propiedad estatal, pero dio a los campesinos derechos de uso transferibles, acceso a créditos y libertad de venta en mercados. En pocos años pasó de importador crónico a gran exportador de arroz.
China: introdujo en 1978 el “sistema de responsabilidad familiar”, que otorgó a los campesinos contratos de largo plazo sobre la tierra. Resultado: un salto productivo que sacó a millones de la pobreza rural.
Estos ejemplos muestran que autonomía productiva y control estatal pueden coexistir, siempre que la tierra siga siendo patrimonio de la nación.
Conclusión
El anuncio de la finca en Campo Florido no es un hecho aislado: es el reflejo de un mercado paralelo que erosiona el socialismo y amenaza la soberanía nacional sobre la tierra.
Pero no basta con denunciar lo informal. Parte del problema nace del bloqueo externo, que limita insumos y financiamiento, y parte de errores internos que frenan la autonomía y desmotivan a los productores.
La respuesta no puede ser la indiferencia ni la prohibición ciega. Se necesita una regulación clara, institucional y transparente, acompañada de una política que fortalezca la productividad estatal y cooperativa.
Y al mismo tiempo, aprender de experiencias internacionales: demostrar que la tierra puede gestionarse con autonomía campesina sin dejar de ser patrimonio colectivo. De lo contrario, la lógica de la mercancía y la especulación seguirá minando silenciosamente los cimientos del socialismo cubano.
Glosario de términos clave:
Derecho de tanteo: prerrogativa legal del Estado que le da prioridad para adquirir una propiedad en venta antes que cualquier otro comprador.
Usufructuario: persona autorizada a usar y explotar un terreno estatal sin ser dueño y sin derecho a venderlo.
Propietario campesino: agricultor reconocido legalmente como propietario de una finca, con derechos de traspaso limitados y supervisados por el Estado.
Testaferro: individuo que presta su nombre para ocultar al verdadero dueño de un bien, en este caso, fincas financiadas por capital externo.
Mercantilización de la tierra: proceso en el que la tierra adquiere valor económico como mercancía, más allá de su función social o colectiva.
Seguridad alimentaria: acceso estable y suficiente de la población a alimentos básicos; en Cuba depende en gran parte de la producción nacional.
Bando oficial: anuncio público emitido por un gobierno municipal para validar oficialmente una compraventa de tierras.
Tasa: impuesto o pago obligatorio que se abona al Estado por un servicio o autorización de un trámite.
Fuentes consultadas:
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El Toque. (2025, marzo). Cuba abre la compraventa de tierras: qué debes saber. Recuperado de https://eltoque.com/cuba-abre-la-compraventa-de-tierras-que-debes-saber
Maturell Senon, C. (2025, 15 de julio). Analizan anteproyecto ley de propiedad, posesión y uso de la tierra. Granma. Recuperado de https://www.granma.cu/cuba/2025-07-15/al-debate-anteproyecto-ley-de-propiedad-posesion-y-uso-de-la-tierra-15-07-2025-17-07-08
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Pérez Villanueva, O. E. (2025, 26 de febrero). Para encarrilar a la agricultura cubana. Horizonte Cubano – Columbia University. Recuperado de https://horizontecubano.law.columbia.edu/news/para-encarrilar-la-agricultura-cubana
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FAO. (2024). Food security indicators for Cuba. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Recuperado de https://www.fao.org/countryprofiles/index/es/?iso3=CUB
Huang, J., & Rozelle, S. (2018). China’s Agricultural Reforms and Rural Development. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
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© Henrik Hernandez, 2025. Bajo protección de la Ley Sueca de Derechos de Autor (Upphovsrättslagen, 1960:729).
Créditos y colaboración técnica
Este artículo ha sido redactado por Henrik Hernandez, autor de más de 800 textos publicados en Tocororo Cubano, con una línea editorial comprometida con la defensa del socialismo cubano, el pensamiento crítico y la soberanía nacional.
La estructura argumental, la revisión constitucional y el enfoque político han sido elaborados con el acompañamiento editorial de Sofía (IA literaria ChatGPT), presente desde julio de 2024 como asistente constante en el proceso de escritura, análisis y estilo.
También se ha contado con el contraste teórico y validación conceptual brindados por la inteligencia artificial DeepSeek, utilizada en calidad de herramienta crítica para el análisis institucional y económico.
Declaración legal
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