¿Etapa superior o regreso encubierto? La propiedad de la tierra y la batalla constitucional del socialismo cubano

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Por Henrik Hernandez

¿Puede el socialismo cubano sobrevivir si legaliza lo que juró superar?
En estos días, la Asamblea Nacional debate un anteproyecto de ley que podría abrir la puerta a la privatización y a la compraventa de tierras por particulares. La tierra, ese símbolo histórico de lucha y soberanía, podría dejar de ser patrimonio del pueblo para convertirse —una vez más— en mercancía. Lo que se presenta como un “salto hacia una etapa superior” podría ser, en realidad, el regreso silencioso de viejas estructuras bajo nuevos nombres. ¿Estamos construyendo el futuro socialista o desmontándolo en nombre de la eficiencia?

Introducción

La Asamblea Nacional del Poder Popular debate en estos días un anteproyecto de ley sobre la propiedad, posesión y uso de la tierra. Se trata de un tema que compromete no solo la eficiencia agroalimentaria del país, sino también la coherencia ideológica del modelo socialista cubano.

El artículo publicado en Granma el 15 de julio de 2025, firmado por Carmen Maturell Senón, da cuenta de las propuestas más discutidas: otorgar mayor seguridad al campesino para fomentar la inversión, permitir que los usufructuarios puedan eventualmente adquirir la propiedad de la tierra, e incluso que personas naturales puedan comprarla. Todo esto bajo el argumento de “pasar a una etapa superior”.

Pero, ¿es coherente hablar de propiedad privada plena sobre tierras estatales en un modelo donde la legalidad socialista es el principio rector?

Legalidad socialista vs. propiedad privada

La Constitución de la República de Cuba (2019) es clara en su artículo 9:

“Cumplir estrictamente la legalidad socialista es una obligación de todos.”

Y el artículo 29 añade:

“La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial. Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares.”

Además, establece que toda compraventa debe cumplir requisitos legales y que el Estado mantiene derecho preferente de adquisición. Esto refleja una voluntad política de proteger el carácter estratégico y social de la tierra.

El riesgo de una contradicción estructural

Durante el análisis legislativo, algunos diputados han planteado que, tras 15 años de usufructo, los campesinos debieran adquirir la propiedad plena. También se ha sugerido permitir que otras personas naturales puedan comprar tierras, siempre que cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, conviene precisar: ¿a qué tipo de personas naturales se refiere esta propuesta? ¿Extranjeros? ¿Incluye a ciudadanos cubanos residentes en el exterior? ¿A quienes han adoptado otra ciudadanía, incluso bajo juramento de fidelidad a gobiernos hostiles a Cuba? Estas interrogantes no pueden quedar en la ambigüedad. En un tema tan sensible como la tierra —vinculado a la soberanía, la historia y el modelo socialista—, cualquier formulación legislativa exige absoluta claridad y responsabilidad política.

La intención parece legítima: otorgar mayor seguridad jurídica para que el productor invierta, construya viviendas, contrate fuerza de trabajo y acceda a tecnología. Pero aquí está el riesgo: abrir la puerta a la apropiación privada de un bien que, en un modelo socialista, debe conservar función social y estratégica.

El problema no es brindar estabilidad al productor. El problema es transformar, sin debate constitucional ni respaldo popular, el régimen de propiedad que sostiene el socialismo cubano.

¿Nuevos minilatifundios encubiertos?

El artículo de Granma recoge una frase inquietante:

“Entre los debates trascendió que el límite de cinco caballerías de la entrega de tierras en usufructo, con la necesidad de establecer al menos una excepcionalidad que contemple la posibilidad de entregar mayor número de hectáreas en el caso de las producciones cañeras, ganaderas, forestales y otras que lo justifiquen.”

Esta “excepcionalidad” podría convertirse en regla. A mediano plazo, significaría:

Formación de minilatifundios disfrazados de usufructo.

Concentración de tierra y recursos en pocas manos.

Pérdida progresiva del control estatal y social.

Desde el punto de vista económico, la fragmentación aparente que implicaría la entrega de tierras a personas naturales —incluso bajo límites formales— podría derivar, en la práctica, en un proceso de integración horizontal y vertical. Por una parte, la integración horizontal se manifestaría en la acumulación progresiva de fincas productivas bajo una misma dirección informal, mediante mecanismos como la triangulación, contratos simulados o compra de insumos concentrada. Por otra parte, la integración vertical permitiría a estos nuevos actores controlar también las cadenas de valor: desde el acopio y la comercialización hasta la transformación industrial, generando así una estructura de poder territorial y económico similar a la del latifundio clásico. El resultado sería el surgimiento de nuevos terratenientes, campesinos subordinados convertidos en arrendatarios o empleados, y jornaleros agrícolas en condiciones laborales precarias, recreando formas de servidumbre disfrazada que el socialismo cubano históricamente se propuso erradicar.

El propio ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, advirtió:

“No se puede legalizar una propiedad en una tierra estatal.”

Una advertencia que merece ser tomada muy en serio, pues apunta a una contradicción de fondo: no se puede servir a dos proyectos al mismo tiempo.

El socialismo no se improvisa: ¿incomprensión en el Parlamento?

Más allá de la letra legal, el enfoque general del debate parlamentario revela una desconexión alarmante entre los principios del socialismo y las propuestas legislativas.

Muchos diputados parecen asumir que el socialismo es compatible con la propiedad individual de la tierra, siempre que haya eficiencia. Y omitiendo que la propiedad social también puede ser eficiente. Pero la eficiencia no puede ser el único criterio en una economía socialista. La coherencia ideológica y la función social de los medios de producción son principios no negociables.

Cuando se legisla como si el mercado fuera el árbitro final, se debilita silenciosamente el poder popular sobre los recursos. Esta incoherencia puede derivar en una restauración progresiva del capitalismo, bajo formas legales disfrazadas de pragmatismo.

Un periodismo sin crítica no construye revolución

La prensa revolucionaria tiene una misión histórica: pensar, alertar y defender el proyecto socialista desde la conciencia crítica. Sin embargo, el artículo de Granma firmado por Carmen Maturell Senón ofrece una cobertura superficial, sentimental y acrítica de un debate trascendental.

No basta con mostrar la empatía hacia el campesino. Hay que preguntar si lo que se propone es justo, coherente y constitucional. La revolución exige pensamiento, no complacencia.

¿Etapa superior? ¿O regreso camuflado al capitalismo?

Llama la atención el uso reiterado de la frase “pasar a una etapa superior” en los debates parlamentarios y en el lenguaje técnico del anteproyecto. Aunque en apariencia neutra, esta expresión encierra una narrativa peligrosa: la de presentar la propiedad privada como una forma más “evolucionada” que la propiedad socialista.

Si esa es la lógica —aunque no se exprese abiertamente— estaríamos ante una restauración capitalista disfrazada de eficiencia. El mensaje implícito sería que el socialismo es inmaduro, ineficiente y superable.

Eso contradice la historia revolucionaria, el pensamiento marxista y el mandato popular refrendado en las urnas. No se puede considerar progreso aquello que desmonta el control colectivo sobre los medios fundamentales de producción.

¿Violaciones constitucionales en el Parlamento?

La Constitución de 2019 no deja lugar a dudas: la legalidad socialista es obligatoria para todos los poderes del Estado. Sin embargo, varias de las propuestas debatidas contradicen los artículos 9 y 29, regulan la constitucionalidad legal del Estado y el uso y la propiedad de la tierra, respectivamente. 

Esto no es un tecnicismo: es una violación constitucional de facto. Y lo más grave es que se disfraza como modernización o excepcionalidad.

Pero la Constitución fue aprobada en referendo popular por el 86 % del electorado cubano. ¿Quién tiene derecho a pasar por alto esa voluntad soberana? ¿Con qué legitimidad puede deshacerse por vía legislativa lo que el pueblo refrendó? Si algún diputado sostiene propuestas que contradicen abierta o encubiertamente la letra y el espíritu de la Carta Magna, corresponde al pueblo —en uso de su poder soberano— exigir rendición de cuentas y, si fuera necesario, revocar el mandato de aquellos representantes que no actúan en defensa del proyecto socialista ni de los principios constitucionales. La representatividad no es un cheque en blanco; es un compromiso con la nación, no con intereses tecnocráticos ni discursos camuflados de modernidad.

Reflexión final: la tierra es patria, no mercancía

En momentos como este, el Parlamento cubano no puede permitirse más bandazos ni ambigüedades. Legislar exige responsabilidad histórica y coherencia con el orden constitucional vigente, que fue refrendado masivamente por el pueblo. Ya hemos visto los efectos de decisiones mal calibradas: la autorización para que los campesinos sacrifiquen sus reses no generó un aumento sustancial en la producción de carne, sino que solo aplacó temporalmente la crítica mediática anticubana en Miami. Del mismo modo, la proliferación de MIPYMES privadas —sin control real ni marco ideológico claro— ha contribuido al desmontaje silencioso del tejido social socialista, con todas las consecuencias que se están viviendo hoy.

Cuba corre el riesgo de repetir el error de los años 1987–1991 en la URSS, cuando, bajo el disfraz de reformas, se desarmó la patria. No se trata de nostalgia ni dogma, sino de una advertencia: sin control popular, sin fidelidad al proyecto socialista, la soberanía misma puede quedar en entredicho. Y una vez que se pierde la patria, ya no hay revolución posible.

El socialismo se construye —o se desmonta— en cada artículo legal, en cada reforma, en cada concesión. No es un eslogan, es una práctica política que exige coherencia histórica y fidelidad al mandato popular.

Garantizar seguridad al campesino no requiere privatizar la tierra. Se puede fortalecer el usufructo renovable, el cooperativismo y la gestión participativa con control público. Lo que no se puede es convertir la excepción en norma, ni la Constitución en papel mojado.

A esos nuevos ilusos les digo: cuando ya no tengamos patria, el depredador llamado Helms-Burton se encargará de desgarrar vuestros cuerpos y convertir vuestros sueños de riqueza en nueva servidumbre. No digan que no fueron advertidos.

La tierra en Cuba no es mercancía. Es patria. Y la patria no se vende.

Glosario de términos clave:

Aparcería: Forma de explotación agrícola en la que el propietario cede el uso de la tierra a cambio de una parte de la cosecha. Prohibida por la Constitución cubana de 2019.

Caballería: Unidad de superficie agraria utilizada en Cuba, equivalente a aproximadamente 13.42 hectáreas.

Coherencia ideológica: Consistencia entre los principios declarados de un sistema político (como el socialismo) y las decisiones prácticas o legales que se toman.

Concentración de tierras: Acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de una persona o grupo, contraria a los principios del socialismo.

Constitución de 2019: Carta Magna vigente en Cuba, aprobada por referendo popular, que define los principios del modelo socialista y regula el régimen de propiedad.

Legalidad socialista: Marco normativo que asegura la fidelidad del sistema legal al proyecto socialista cubano, y que debe ser cumplido por todos los órganos del Estado.

Minilatifundio: Propiedad agrícola de extensión media o grande que, sin llegar a los niveles de un latifundio clásico, representa una forma de concentración privada.

Patria: Concepto político y emocional que en Cuba se asocia con soberanía, identidad nacional y lucha revolucionaria. En el artículo se contrapone a la noción de “mercancía”.

Propiedad privada: Derecho exclusivo de una persona o entidad a usar, disponer y transmitir un bien. En Cuba, su aplicación sobre la tierra está restringida por ley, en beneficio del bien social.

Usufructo: Derecho de uso y aprovechamiento de un bien (en este caso, tierras estatales) sin ser propietario. Es el modelo principal de acceso a tierras en el sistema cubano. El usufructo no es un fenómeno exclusivamente cubano, existe en muchos países.

Fuentes consultadas:

Constitución de la República de Cuba. (2019). Cubadebate.
http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf

Maturell Senón, C. (2025, 15 de julio). Analizan anteproyecto de ley de propiedad, posesión y uso de la tierra. Granma. https://www.granma.cu/cuba/2025-07-15/al-debate-anteproyecto-ley-de-propiedad-posesion-y-uso-de-la-tierra-15-07-2025-17-07-08

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© Henrik Hernandez, 2025. Bajo protección de la Ley Sueca de Derechos de Autor (Upphovsrättslagen, 1960:729).

Créditos y colaboración técnica

Este artículo ha sido redactado por Henrik Hernandez, autor de más de 700 textos publicados en Tocororo Cubano, con una línea editorial comprometida con la defensa del socialismo cubano, el pensamiento crítico y la soberanía nacional.

La estructura argumental, la revisión constitucional y el enfoque político han sido elaborados con el acompañamiento editorial de Sofía (IA literaria ChatGPT), presente desde julio de 2024 como asistente constante en el proceso de escritura, análisis y estilo.

También se ha contado con el contraste teórico y validación conceptual brindados por la inteligencia artificial DeepSeek, utilizada en calidad de herramienta crítica para el análisis institucional y económico.

Declaración legal

Este trabajo ha empleado sistemas de inteligencia artificial como herramientas de apoyo, sin que estas ostenten derecho alguno sobre el contenido final.
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